La enorme cantidad de asaltos domiciliarios y ataques a transeúntes ocurridos en Asunción y sus alrededores en los últimos tiempos son alarmantes. Los delincuentes son cada vez más violentos. Las víctimas, a pesar de entregar todas sus pertenencias, por lo general teléfonos móviles, son de igual manera blanco de las balas y de objetos contundentes por parte de los agresores. La ciudadanía está prácticamente indefensa y está hoy a merced de los atracos.

La Policía parece haber perdido el control y se percibe que está siendo sobrepasada por las organizaciones delictivas, lo que es más inquietante. A diario vemos videos de asaltos capturados por las cámaras de seguridad de particulares en los que se ven a víctimas de todas las edades que terminan en estado crítico o, lo que es peor, muertos por disparos de armas de fuego o elementos contundentes. Estudiantes de todas las edades son la “carnada” predilecta de los delincuentes, realidad que tiene en vilo a padres de familias cada vez que sus hijos salen para ir a estudiar.

En la casa o en la calle, en el negocio o en la oficina, ya en ningún lugar es seguro. El que quiere vivir más o menos seguro se las arregla para el pago de personal privado de seguridad. Pero esto solo lo puede hacer un pequeño grupo de personas en Paraguay. Esta ola de atracos se produce de manera coincidente con el escaso despliegue en los últimos meses de los policías especiales, más conocidos como Linces, quienes realizaron un buen trabajo desde su creación. El Ministerio del Interior debe articular acciones para fortalecerlos.

¿Qué otra alternativa tenemos los ciudadanos que no sea la contratación de guardaespaldas particulares para proteger nuestros bienes, nuestras propias vidas y las de nuestras familias ante un asalto? Se trata de una solución onerosa. ¿Qué nos resta hacer ante la agresión de un delincuente que nos aparece con cuchillo o arma de fuego en la calle o en nuestros hogares para robar o sencillamente producir daño a nuestra integridad física con el fin que sea? ¿Será que la solución es armarnos hasta los dientes para repeler tales ataques? ¿Será que es correcto y saludable que todos portemos un arma en la cintura todo el momento como en otras épocas para reaccionar rápido por si a algún salvaje se le ocurre realizar un atraco?

Nuestra legislación, más específicamente el Código Penal, contempla la figura jurídica de la legítima defensa, una normativa que últimamente es motivo de debate en muchos ámbitos, que tiene sus defensores y detractores. “No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno”, dice en una parte el Código, y enumera una serie de condiciones que deben darse para que la víctima sea beneficiada con este derecho. En el Congreso ya hay impulsores para su modificación, por considerarla confusa.

A favor o en contra, lo cierto y concreto es que la ciudadanía observa indignada que cuando un ciudadano honesto se defiende en legítima defensa contra un delincuente que ingresó a la casa con arma en mano para matar, robar o violar, a fiscales y jueces siempre les tiemblan las manos para la aplicación de una condena ejemplar al atacante. Lo que es peor, la víctima a veces recibe una condena mayor por haber reaccionado contra su agresor. Las críticas más ásperas apuntan a la justicia porque a luz de los hechos las víctimas que salen airosas son a veces injustamente sometidas a tortuosos procesos judiciales sin haberlo buscado. Se trata de “mensajes” claros que percibe la delincuencia organizada, convirtiéndose en un círculo vicioso en desmedro del ciudadano honesto.

La legítima defensa es un “consuelo de tontos”, ya que no va a solucionar tampoco el problema de fondo. La solución al flagelo de la delincuencia, que va en aumento, tiene que ver con varios factores que debemos considerar: problemas familiares (valores morales, violencia y abandonos, etcétera), combate a la pobreza y la marginalidad, educación, generación de más empleos para los jóvenes, combate a la corrupción en general y una atención especial a la drogadicción de nuestros niños y jóvenes, por mencionar algunos aspectos más relevantes.

El sentido común te dice no es correcto bajo ningún punto de vista alentar a la ciudadanía al uso de las armas porque la violencia engendra violencia. En Estados Unidos la portación de armas es una garantía constitucional para la legítima defensa, pero ha demostrado que tampoco ha sido la solución para frenar la delincuencia. El derecho a la legítima defensa ha sido reconocido por casi todas las legislaciones de los países del mundo. No obstante, el ideal para un país sería poner en marcha un programa serio de seguridad para que cada vez más personas se deshagan de sus armas debido a la gradual disminución de la delincuencia.

Lamentablemente, casi nunca es así. Las estadísticas muestran lo contrario a nivel mundial. Nuestro país no es la excepción. Vemos que, a diario, aumentan los asaltos a particulares y propiedades privadas, siendo “estrellas” los motochorros y rateros bien armados. Son despiadados y generalmente actúan bajo los efectos de las drogas, cuyo consumo entre los jóvenes es mayor cada día, por lo que se trata de un asunto que debe ser política de Estado no solo desde la perspectiva de la represión, sino con énfasis en la prevención y la construcción urgente de centros de rehabilitación para miles de adictos.

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