• Por Jaime Egüez
  • Director del Club de Ejecutivos del Paraguay

"Falta mayor seguridad jurídica"… es la frase que más hemos escuchado en diferentes niveles de contacto de negocios e institucionales del mundo exterior. Y miren un candidato a la presidencia de la República acaba de hacer la misma afirmación. ¡Desde el Poder Ejecutivo cambiaremos la Justicia! Y esta frase apocalíptica nos ha conducido siempre al punto inicial. Damos vuelta y vuelta sobre un tema que está mal enfocado. Y, por lo tanto, continuaremos cosechando frustraciones.

La primera gran mentira: la seguridad jurídica es un tema de reforma del Poder Judicial. Es nuestra gran primera mentira porque la seguridad jurídica arranca en que el país tenga reglas claras y que se cumplan sin alteraciones de los plazos pactados. Y las violaciones o cambio de reglas ocurren en su mayoría en mismo Poder Ejecutivo. Son los ministros, los viceministros, los presidentes de Consejos y de entidades como la Ande o Petropar los que deben cumplir lo que el propio Poder Ejecutivo se ha comprometido hacer para fomentar el desarrollo del país a través de la Inversión del Sector Privado. Por esto, insisto, falta en Paraguay que consensuemos plazos, fechas de inicio de una política y fecha de término en cuyo lapso "no habrá cambio de reglas de juego".

Esto es ser un país "serio", esto es tener "políticas de Estado". Esto es ser confiable. Luego que el plazo termine, es entendible que se puedan alterar las reglas ajustando las distorsiones buscando potenciar un modelo acordado o corregirlo. Si el plazo es claro, las reglas son claras.

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Si funciona bien el Poder Ejecutivo y se respetan las normas y reglas acordadas y negociadas en el tiempo acordado, no habrá nunca necesidad de ir al desgastado Poder Judicial. Este poder, que es independiente, tiene su dinámica y su marco, pero "en un país serio las disputas de negocios nunca llegan a los estrados judiciales porque se respetan los marcos acordados. Entonces, pregunto, ¿para qué los candidatos presidenciales o políticos de turno se pasan instalando al Poder Judicial en sus agendas?

La única respuesta que tengo es que asumir la tarea de reconocer responsabilidad es algo que requiere mucha valentía y esfuerzo del propio presidente. Y, por otro lado, siempre es interesante indicar que es muy tentador para el poder político tener a un Poder Judicial que esté sometido a intereses de actores de este segmento. Un poder debe controlar al otro, y entre ellos tienen que controlarse mutuamente y ser totalmente independientes.

El poder político no debe incidir en la agenda institucional de la República. Los acuerdos políticos son coyunturales y deben tener esta flexibilidad del contexto en el cual se plantean.

Por último, no se puede ignorar al Poder Legislativo, que introduce cambios en las normativas impulsadas desde el Ejecutivo. Si bien la parte pesada de asegurar la institucionalidad es del Ejecutivo, la cuota de responsabilidad del Congreso es también importante en nuestro sistema, ya que desde este Poder también se impiden o sancionan leyes que pueden ayudar a que seamos un país serio y previsible. Y un país con institucionalidad es aquel donde lo que se acuerda se cumple… y dentro del plazo establecido.

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