El tema del informe Cadep es muy sencillo de entender para el que lo quiera hacer. El enunciado del propósito del informe, el de comparar si en los últimos 10 años ha aumentado o disminuido el consumo del tabaco en Paraguay es genuino.

El error está en la toma de muestra que hicieron. Tomaron como parámetro de ventas declaradas un dato inventado y mentiroso, siendo que podían acceder a la información real disponible en la Subse­cretaría de Estado de Tributación.

Es más, los datos oficiales de la venta declarada por el sector tabacalero son mucho mayor al inventado por Cadep, solo que al cruzar los informes de venta estimada sobre venta declarada se confirma que no existe evasión alguna. Lo que en realidad, para el que quiera entender, el informe Cadep termina por confirmar que la industria tabacalera no evade impuestos, como maliciosamente señalan en la conclusión del informe.

Cadep lo que debe hacer es rectificar su error eviden­ciado, y no refugiarse en los pedidos de apoyos a cuantas instituciones, gremios o embajadas existan. No existe ninguna pretensión, a juzgar por los voceros del sector industrial, de atacar a esta ONG, sino transpa­rentar y sincerar los números para que la ciudadanía tenga la información real, certera y no sesgada.

Si la rectificación no se da, Cadep se convertirá en una de las tantas ONGs que reciben dinero del Estado para sobrevivir y presentan informes a medida, depen­diendo de la cara del cliente.

Sería peligroso que algunas instituciones del Estado tengan como referencia los datos proporcionados por Cadep para implementar políticas públicas, luego de que se haya evidenciado la manera grosera y poco ética en que manipulan los números.

Como siempre aparecen los oportunistas y pescado­res de río revuelto, los profesionales de lo política­mente correcto, expertos en seguir la corriente tuitera, como el tal Amílcar, quien se presenta como economista a pretender justificar el informe pifiado.

Menos mal salió la voz autorizada, el viceministro de Tributación, a ponerlo en su lugar con números reales y datos oficiales. Por su supuesto, el “economista” mediático se quedó hablando pavadas.

Chicana número 18 de la hija de “Acero” y el plagiador consuetudinario “Juanky”, en el caso de la demanda por difamación de la ex funcionaria Marta González. Hablando de errores, los periodistas pueden cometer­los, pero deben rectificarse.

Cualquier ciudadano que se sienta agraviado tiene derecho a accionar y eso no es precisamente atentado contra la libertad de expresión, sobre todo cuando la mentira quedó evidenciada.

Como era de esperarse, la patota periodística de la calle Yegros arrancó una campaña despiadada contra el Poder Judicial y los magistrados que intervienen en la causa, y abiertamente hacen saber a quienes agarren el tema que les caerán encima desde sus medios. Así operan los defensores de la libertad.

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