Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Con un panorama legislativo altamente favorable, la Cámara de Diputados se alista para dar tratamiento al millonario proyecto de ley “Tren de Cercanías”, que unirá Asunción con Luque y que fuera presentado por el Poder Ejecutivo. Actualmente ya cuenta con visto bueno de la Comisión de Presupuesto, mientras que la Comisión de Obras Servicios Público y Comunicaciones estará evaluando este lunes 25 de mayo, según confirmó su titular, el diputado Benjamín Cantero a La Nación/Nación Media.

El objetivo es contar con los dictámenes respectivos, para que el plenario lo pueda analizar durante la sesión ordinaria de este martes 26 que lo tiene previsto como segundo punto del orden del día. La propuesta, que busca reactivar el sistema ferroviario metropolitano con una inversión estimada de hasta USD 450 millones en su primera fase, avanza a paso firme dentro del sistema legislativo, tras haber obtenido la media sanción de la Cámara de Senadores el pasado 13 de mayo.

Igualmente, en conversación con esta redacción, el diputado colorado José Rodríguez destacó el impacto estructural de la propuesta. Sumando así, un fuerte respaldo a la iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Santiago Peña. Calificó la propuesta como una “oportunidad histórica” para transformar la realidad vial y social del departamento Central, modernizando el sistema de transporte para Asunción y área metropolitana.

Señaló que es hora de comenzar a saldar una deuda de décadas con miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que diariamente pierden tiempo y calidad de vida en el tránsito.

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Desde una visión técnica, el diputado Rodríguez destacó que este tipo de infraestructura permite mejorar la movilidad urbana, reducir costos logísticos, disminuir la congestión vehicular y generar un impacto positivo en el desarrollo económico y ambiental.

“Con un sistema ferroviario moderno se puede convertir en un eje estratégico para ordenar el crecimiento urbano y conectar mejor a las ciudades del departamento Central”, resaltó.

Asimismo, enfatizó que, como diputado nacional, acompaña todas las iniciativas serias y responsables que busquen modernizar el país, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los paraguayos. “El tren de cercanía puede convertirse en un símbolo del Paraguay moderno que todos queremos construir”, acotó Rodríguez.

Respecto al proyecto de ley que modifica y amplía la Ley N° 7434/2025 “De la Reforma del Tren de Cercanías” y establece disposiciones especiales para la implementación del proyecto, fue incluido como punto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

El proyecto plantea modificaciones sobre la estrategia de financiamiento de la legislación anterior e introduce un modelo de acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con los Emiratos Árabes Unidos, mediante la conformación de una Sociedad de Objeto Específico (SOE) entre la estatal Fepasa (Ferrocarriles del Paraguay S.A.) y la firma internacional Etihad Rail.

De acuerdo al proyecto de ley, se ratifica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actuará como fideicomitente para administrar los recursos, los cuales se fondearán con el cobro de pasajes, explotación de la franja de dominio, publicidad y aportes del Tesoro.

De quedar sancionada y promulgada la nueva ley, el Ejecutivo espera iniciar los trabajos en el primer trimestre del 2027 con la primera fase que contempla un tramo de 18 kilómetros que conectará Asunción con Luque (utilizando la franja de dominio del antiguo Ferrocarril Carlos Antonio López) y una posterior extensión de unos 44 kilómetros hasta Ypacaraí.

Se proyecta que transportará a más de 40.000 pasajeros por día (unos 14 millones al año). En cuanto a la tecnología a ser implementada, el proyecto establece un sistema de trenes 100 % eléctricos, sustentable y masivo.

Originalmente, el plan del Gobierno paraguayo se había estructurado bajo un acuerdo G2G con Corea del Sur, a través de la corporación estatal KIND y la agencia KOTRA. Ese diseño contemplaba un financiamiento de alrededor de USD 600 millones con tecnología coreana.

Sin embargo, el plan quedó sin efecto debido a las exigencias de garantías soberanas consideradas inviables por el Gobierno paraguayo. Tras ello, el Ejecutivo impulsó cambios legales para abrir paso a nuevos oferentes, ingresando Emiratos Árabes Unidos, que ofreció mejores condiciones financieras y permitiría acelerar el inicio de obras previsto para 2027.

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La Cámara de Diputados dio entrada a un proyecto de ley que “establece medidas de impulso a la inversión” en el sector de la agricultura familiar campesina a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según los proyectistas se busca promover el desarrollo de la agricultura familiar campesina mediante el financiamiento de proyectos productivos orientados a mejorar su productividad, sostenibilidad y competitividad.

Son impulsores del proyecto los diputados: Arturo Urbieta, Cristina Villalba y Rocío Abed, quienes exponen que la agricultura familiar constituye “un pilar fundamental de la economía nacional”.

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Los legisladores destacan igualmente el uso predominante de mano de obra familiar, orientada tanto al autoconsumo como a la generación de ingresos mediante la producción de alimentos y otros bienes destinados al mercado interno y externo.

En ese contexto, se propone la implementación de medidas de impulso a la inversión a través del financiamiento del proyecto “Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar a Nivel Nacional - PROMAF_PY (Código SNIP: 984)”.

Se prevé la asignación de recursos que permitan la transferencia de tecnologías adecuadas y el fortalecimiento de los sistemas productivos.

Para el efecto, se autoriza la emisión de Bonos del Tesoro Público hasta el monto de G. 159.250.000.000 o su equivalente en moneda extranjera, destinados al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El documento pasó a consideración de las comisiones asesoras y una vez que cuente con dictamen se planteará el tratamiento en plenaria de Diputados.

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Este jueves se desarrolló en la Cámara de Diputados una audiencia pública para debatir sobre el proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley que declara como Área Silvestre Protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco.

La iniciativa es impulsada por el diputado José Rodríguez, quien defendió su proyecto mientras sectores civiles expusieron su postura contraria. Participaron de este evento técnicos ambientales, representantes de comunidades indígenas y miembros de la sociedad civil.

La propuesta establece la modificación de los artículos 4 y 6 de la ley vigente mencionada, con el objetivo de habilitar, bajo condiciones excepcionales y estrictos controles ambientales, actividades de prospección, exploración y eventual aprovechamiento de recursos naturales dentro del área protegida.

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El diputado proyectista argumentó que “en ningún caso se pretende desnaturalizar el carácter de protección del Parque Nacional”, sino incorporar “mecanismos modernos de gestión que permitan una administración más flexible, basada en criterios técnicos y bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades)”.

Mientras tanto, representantes de los sectores civiles y ambientales expusieron su postura en contra a esta iniciativa, argumentando que la modificación “abre una puerta peligrosa, que pondría en riesgo la biodiversidad de la zona”. Así también, remarcaron que una reserva natural “no se toca”, recordando que el área forma parte, desde el año 2005, de las reservas de biosfera reconocidas por la Unesco, aspecto que según manifestaron, debe ser considerado de manera prioritaria.

Por su parte, representantes de comunidades indígenas plantearon una visión distinta respecto al debate, reclamando mayor participación directa en las decisiones que afectan al territorio. “No somos un museo. Queremos que el progreso llegue a nuestras comunidades”, expresaron durante la audiencia.

En lo que respecta a la modificación del artículo 4, se contempla que el Plan de Manejo del Parque pueda autorizar actividades de prospección y exploración bajo estrictas condiciones de mitigación ambiental, planificación territorial y delimitación de zonas específicas, incluyendo áreas de amortiguamiento.

Mientras tanto, en el artículo 6, la iniciativa reafirma el principio de dominio público del área protegida y dispone que cualquier ocupación o intervención dentro del Parque Nacional requerirá autorización previa y expresa del Mades, careciendo de validez jurídica toda ocupación realizada sin dicho permiso.

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El sector yerbatero se encuentra atravesando una crisis que amenaza incluso con el desmantelamiento de los cultivos. La Cámara de Diputados aprobó recientemente el manifiesto “Que declara en emergencia nacional la situación de los pequeños productores de yerba mate” y se espera que sirva para visibilizar el problema en el que se encuentra el rubro productivo.

Sobre lo mencionado, Néstor Goralewski, miembro del Centro Yerbatero Paraguayo, conversó con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media y confirmó que la situación es crítica para quienes trabajan en la producción de la yerba mate.

“De un tiempo a esta parte, la yerba está pasando por uno de los peores momentos en cuando a comercialización, estamos sobrestockeados, tenemos mucha más yerba de lo que se puede consumir o no tenemos la capacidad como para exportar y entonces hay fácil 10 mil a 20 mil toneladas de más en el mercado”, explicó.

Entre los factores en contra, indicó que Argentina ya no importa el producto, ya que desde el inicio del gobierno de Javier Milei se dio mayor impulso al rubro en el país vecino. Por otro lado, en el caso de Siria, el principal comprador a nivel global, explicó que por la guerra que está atravesando no es posible hacer llegar los envíos, generando igualmente una sobreoferta en la región.

Otro problema consiste en la reducción del consumo en el mercado interno. “Después de la pospandemia, tenemos datos de que por lo menos 6.000 a 7.000 toneladas menos de yerba estamos consumiendo”, dijo. Citó otros inconvenientes como el incremento del costo del combustible, el desplome del dólar y la falta de planificación en el sector.

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Sobre la declaración realizada, valoró que servirá de alguna manera para visibilizar la situación. “Es una medida interesante para que se den cuenta un poco todos”, expresó. El representante del gremio vaticinó que, si esta situación continúa, “en dos o tres años se van a desmantelar muchos yerbales”.

La Cámara de Diputados aprobó la declaración, en respuesta a la crisis de precios que atraviesa el sector y que amenaza la continuidad de cientos de familias campesinas.

La iniciativa estuvo impulsada por el diputado Germán Solinger y encomienda a los organismos del Estado a cumplir con lo establecido en el Estatuto Agrario, cuyo artículo 25 obliga al Gobierno a intervenir en la relación entre productor y acopiador para garantizar una comercialización justa.

Según los productores, el kilo de hoja verde puesto en secadero se paga actualmente a G. 1.200. De ese monto, G. 200 se destinan al flete y G. 300 a la tarefa, lo que deja al productor una cifra muy reducida.

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