De The Economist

CARACAS ?

La declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue contundente. Alega que Tareck El Aissami, el vicepresidente de Venezuela, es un narcotraficante "prominente", que amasó gran riqueza a través de sus conexiones con pandillas en toda Latinoamérica, incluidos los sanguinarios Zetas de México.

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Entre los activos estadounidenses ahora congelados vinculados con él están tres lujosos departamentos en el complejo Four Seasons en Miami y un jet Gulfstream. Si las denuncias son ciertas, la imagen cuidadosamente cultivada de El Aissami como un verdadero creyente de la ideología socialista del gobierno de Venezuela es solo una cubierta.

Como sucede normalmente cuando cualquier forastero acusa a alguien en el régimen venezolano de delitos, los líderes del país han cerrado filas. La cancillería acusó al gobierno estadounidense de cometer "un crimen internacional". El propio El Aissami denuncia las acusaciones como falsas, "miserables y viles".

Pero los rumores de actividades ilícitas han girado en torno al atildado político desde que alcanzó la prominencia durante el mandato del presidente Hugo Chávez a principios de la década del 2000. Fue ministro del Interior, y luego gobernador del estado costero de Aragua. Desertores le acusan de operar su propia agencia de inteligencia para intimidar a sus enemigos. Dicen que las utilidades del narcotráfico han facilitado su avance, el cual culminó con su designación en enero, a los 42 años de edad, como vicepresidente. El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le dio amplios poderes de decreto para supervisar el gasto de los ministerios y expropiar empresas privadas.

El Aissami no es el primer funcionario venezolano que es calificado de narcotraficante. En agosto de 2016, un tribunal estadounidenses imputó a Néstor Reverol, un ex jefe de la agencia antinarcóticos, por recibir dinero de grupos de narcotraficantes. Al día siguiente de que la imputación fue hecha pública, Maduro lo convirtió en ministro del Interior. El ejército, que promete apoyo a El Aissami, ha sido acusado por grupos defensores de los derechos humanos de corrupción a gran escala.

Funcionarios estadounidenses dicen que las sanciones contra El Aissami son resultado de una "investigación de años" y no necesariamente indican un cambio de política hacia Venezuela bajo el nuevo gobierno. Donald Trump hizo un llamado a la liberación de un prominente prisionero político el 15 de febrero. Es poco probable que la inclusión de El Aissami en la lista negra modere la feroz represión del régimen contra la oposición. Pero difícilmente da una buena imagen del régimen.

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