Por décadas, el Estado paraguayo se había mantenido indiferente a la suerte de sus pueblos originarios, primigenios habitantes de estas tierras, olvidados y relegados desde siempre bajo el estigma de la discriminación y la pobreza. Ni los propios preceptos constitucionales ni los convenios internacionales lograban poner a resguardo a nuestros relegados compatriotas.

De entre los más desprotegidos y vulnerables habitantes de la República, las etnias nativas se hallaban entre las más desfavorecidas de la atención gubernamental, con escasa o nula ayuda en materia de salud o de educación, así como un marcada desidia en la atención primaria.

Pero esa situación adversa ha empezado a revertirse en los últimos años a través de políticas más serias y firmes hacia estas poblaciones, en gran medida esto se debe a una legislación más apropiada y enfocada en su problemática.

En este sentido, la propia Constitución dedica la mayor de las prioridades a garantizar la protección de estos pueblos así como el derecho a su identidad étnica, principios consagrados en los artículos 62 y 63 de nuestra Carta Magna de 1992. Al amparo constitucional, asimismo, se suman los convenios internacionales que velan por los derechos de los pueblos indígenas, que han significado un instrumento crucial para hacer más visible la situación de los nativos. Organismos como Naciones Unidas o la OEA dedican firmes declaraciones y profusas recomendaciones sobre los derechos y el celo en la protección de los derechos de las comunidades aborígenes.

Los instrumentos legales, tanto del Derecho paraguayo como los convenios internacionales, han abierto espacios de diálogo entre los pueblos originarios y los gobiernos, visibilizando su problemática y poniendo en el centro de discusión las posibles soluciones a años de relegamiento.

El mensaje es que estas acciones ya no son actos aislados ni esporádicos, sino que se han convertido en políticas públicas que están empezando a marcar la diferencia a años de olvido y discriminación.

No cabe duda que la ley ha permitido una mayor atención de estos problemas que han llevado a Gobierno a tener una mayor conciencia del rol protector que debe asumir el Estado para con sus habitantes, lo que se ha traducido en un mayor acercamiento desde el Instituto Nacional del Indígena (INDI) así como de otras instituciones que velan por el bienestar de los ciudadanos.

Uno de los aspectos en que Naciones Unidas ha insistido tiene que ver con la educación y la seguridad alimentaria. En este último ítem, el Gobierno ha anunciado esta semana que cerca de 3.000 familias de distintas comunidades indígenas entrarán a formar parte del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que encara la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), junto con otras instituciones del Gobierno y organizaciones internacionales.

Esta visibilidad ha permitido, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública lleve asistencia a más de 700 comunidades nativas, o lo que equivale decir, 120.000 indígenas, la gran mayoría de ellos en la Región Occidental, donde se han multiplicado las Unidades de Salud Familiar (USFs).

Con la participación de más entes estatales como los mencionados, más otros como el Ministerio de Agricultura o la cartera de Educación, el Estado dedica más recursos y más atención a la problemática que padecen los pueblos nativos. El mensaje es que estas acciones ya no son actos aislados ni esporádicos, sino que se han convertido en políticas públicas que están empezando a marcar la diferencia a años de olvido y discriminación.

Si bien esta atención otorgada en los últimos años aún es insuficiente, que aún hay que destinar mayores recursos del presupuesto público, por lo menos estas acciones permitirán que nuestros compatriotas ya no sigan viviendo en condiciones deplorables, sin acceso a los servicios públicos básicos, sin hospitales, sin escuelas y sin vivienda y pasar a tener, mínimamente, un espacio digno.