La esencia de los partidos políticos es la búsqueda del poder sin quebrar su vínculo con la gente, sino fortaleciéndose en ella y para ella. Este apoyo que reciben de la ciudadanía los arropa, les da las herramientas y la autoridad necesarias para alcanzar sus fines, que deben apuntar al bienestar general y no el mezquino. Por ello, en las democracias representativas los partidos políticos son sus instrumentos fundamentales. Así, al menos, enseñan las ciencias políticas.

Las más modernas definiciones sobre la política y el ejercicio ético de ella terminan naufragando, paradójicamente, en la "isla rodeada de tierra", donde lo que debiera ser correcto acaba convirtiéndose en un absurdo. O al menos inexplicable.

Si bien la clase política se maquilla con el discurso altruista, sus acciones terminan siendo contrarias a la gente y a los postulados de sus organizaciones, reduciendo su retórica en una simple demagogia. Y, alguna veces, van más allá al patrocinar inclusive la violación de la propia ley.

Durante la última semana, el diario La Nación ha venido publicando una serie de hechos irregulares que tienen que ver con la anómala rendición de cuentas que han realizado las diferentes organizaciones políticas ante la Justicia Electoral (las que tienen representación parlamentaria y las que han tenido votos en los últimos comicios municipales), con el fin de poder percibir los aportes y subsidios en concepto electoral.

Hasta aquí, todo se ajusta a lo legal. Pero cuando de legalidad se trata, los primeros en proponer una ruptura son los propios partidos políticos. En los balances financieros acercados al Tribunal Superior de Justicia Electoral, la gran mayoría de las agrupaciones han entregado papeles o recibos comunes para justificar esos gastos, una movida que va en contra de la ley, que exige facturas o documentaciones aceptadas por la Secretaría de Estado de Tributación.

Asimismo, en la justificación de estos gastos aparecen boletas de diversos rubros como el pago por maquillaje o gastos en peluquerías o batucadas, conceptos que aunque pudieran tener relación con una campaña nada tiene que ver con el ejercicio responsable y ético de fondos que en buena parte provienen del Estado.

Estos excesos desnudan que a la hora de buscar su propio beneficio, las organizaciones políticas hacen "pito catalán" a lo que prescriben las leyes de la República. Ratifican además que el sistema de partidos que hoy opera no fue concebido como una vía acorde para la organización y administración del poder de la soberanía popular, sino para servirse a sí mismo.

Por eso, de nada sirven tampoco las justificaciones que ensayan los voceros de la Justicia Electoral respecto a que esta será la última vez que se toleren este tipo de rendiciones, cuando lo que está haciendo este organismo –muy respetado en tiempos de elecciones por su confiabilidad y transparencia– es consumar la abierta violación de la ley. El TSJE debió rechazar el pago desde el momento en que la Contraloría General de la República cuestionó la rendición de los balances. Sin embargo, antes que hacer cumplir la ley privilegió y premió el abuso de los partidos al concederles el pago de más de 20 mil millones de guaraníes.

Este alegre festín con el dinero público patrocinado desde los partidos no solo vulnera la ley, sino que provoca un efecto mucho mayor y que es el desencanto ciudadano hacia su clase política, que termina provocando ese divorcio entre sociedad y dirigencia que no es saludable para una democracia.

Es absolutamente necesario y perentorio que la clase política sea capaz de revertir este proceso y de responder a las necesidades de la sociedad, pues es esta última la que debe ser el centro del sentido de la política. Este es un compromiso que todos los partidos políticos deberían asumir para no dejar que la democracia se debilite.