El órgano de prensa de la Cámara de Diputados informó que dicho estamento legislativo aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y, por ende, quedó sancionado el Proyecto de Ley "Que declara de interés nacional la atención a la infraestructura física de las instituciones educativas de gestión oficial de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional".

La normativa pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El legislador Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná) solicitó el acompañamiento de sus colegas para la ratificación de la versión de Diputados.

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Señaló que lo aprobado en el Senado no agilizará los trámites. "Pretendemos que esta herramienta sirva para agilizar la solución de los problemas de infraestructura física de las instituciones educativas", sostuvo Romero.

Añadió que el hecho de aprobar una Ley de emergencia, a fin de que se agilicen los trabajos en el Ministerio de Educación, no implica que eso estará fuera de control.

"La Ley de emergencia implica la facilidad de que se pueda disminuir el tiempo que la burocracia estatal", recordó.

¿SOBREFACTURACIÓN?

Romero Roa dijo también que, cuando se habla de la vía de excepción, eso no implica, "de ninguna manera, que el responsable de esa institución salga del padrón normal de costo de obra".

"Con esta iniciativa se facilita que el responsable tenga la posibilidad de disminuir el tiempo de adjudicar la obra o de comprar el equipo que necesite para esa institución", precisó.

En contrapartida, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), se allanó a la decisión de la Cámara Alta y argumentó que lo que falta es una buena gestión del ministro de Educación, Enrique Riera.

"Falta una buena gestión y asegurar que el dinero exista. Eso es lo que tenemos que hacer, que el dinero esté disponible y no se desvíe a otros componentes sino que sea exclusivamente para infraestructura", subrayó.

Añadió que los problemas de infraestructura en Educación datan de "hace años". "Declarar emergencia por dos años no solucionaría nada, lo único que sucederá es relajar los controles y eso no es bueno", expuso Acosta.

Y trajo a colación que "los últimos ejemplos de adjudicaciones no demostraron que ellas puedan ser fiables."

Los legisladores Mario Cáceres (ANR-Itapúa), Sergio Rojas (PLRA-Central), Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), y Walter Harms (ANR-Itapúa), acompañaron la versión Diputados al coincidir que lo modificado por el Senado no habla de emergencia sino simplemente declara de interés nacional la infraestructura física de las instituciones educativas.

Señalaron que el texto establecido por el Senado no se refiere a un mecanismo de adjudicación.

APOYO

Por su parte, en apoyo a la versión de la Cámara Alta, el congresista Óscar Tuma (ANR-Capital), refirió que si la prensa no se hubiera hecho eco de las últimas adjudicaciones, se hubiera adjudicado los lotes a las propuestas más caras y a gente que no lo merecía.

"Teniendo en cuenta esas circunstancias prefiero que exista un control, que las adjudicaciones se hagan en forma correcta, que dejemos de sumariar y echar para justificar a algunos funcionarios - porque es la manera de justificar las cosas - y que los trabajos comiencen a salir para que no se termine dilatando, porque si hacemos mal el trabajo, se termina dilatando", insistió Tuma.

Ya para Aldo Vera (AP-Capital) el dinero "está pero lo que falta es la gestión, el ímpetu y el interés necesarios para poder ejecutar y solucionar los problemas."

Se inclinó por la versión de Senadores porque cree que "las muestras dadas por el actual ministro de Educación no son las más claras, en el sentido de estar preocupado por solucionar los problemas."

"En cualquier emergencia ya hubiera existido un plan y todo lo que hemos visto y escuchado, de las promesas de hacer un relevamiento serio, hasta hoy no se cumplieron; no sabemos cuáles son las necesidades ni cuáles son las urgencias", concluyó.

Tras la correspondiente votación, la Cámara Baja aceptó las modificaciones del Senado y el proyecto de Ley fue sancionado.

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