La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) cuenta con aproximadamente 950 funcionarios, de los cuales menos de 300 son fiscalizadores para un universo de alrededor de 640.000 contribuyentes. Así lo mencionó la viceministra de Tributación, Marta González.
Dijo que ante la limitada capacidad, van priorizando las personas físicas y jurídicas que están teniendo mayores indicios de incumplimiento tributarios de hace 3 años atrás, es decir, desde el 2011 en adelante, para incluirlas en la que denominan matriz de riesgo.
"A la limitada capacidad operativa estamos recibiendo asistencia técnica por parte de especialistas, expertos de organismos internacionales como de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos que están capacitando a los funcionarios en diferentes sectores económicos, además del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)", sostuvo González.
Agregó que la Dirección de Fiscalización Tributaria y la Dirección de Grandes Contribuyentes son las dos direcciones que tienen todo el equipo de profesionales que están siendo cada vez más capacitados, especializado por sectores.
La viceministra dijo que los controles sistematizados ya estaban previstos como uno de los ejes dentro del Plan Estratégico 2014-2018 aprobado el año pasado por el Ministerio de Hacienda, pero que de alguna manera fueron pospuestos por la detección del caso de megaevasión que conllevó un trabajo sostenido por parte de la Administración Tributaria.
Adelantó que en los próximos meses, se centrarán en mayores controles hacia determinados sectores que no precisó.
FISCALIZACIONES
Con relación al esquema de evasión denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ante el Ministerio Público en junio del año pasado, la viceministra de Tributación, Marta González dijo que de las 310 empresas vinculadas al caso por la compra de facturas, sólo restan ser fiscalizadas un total de 100.
"Este grupo ya representa a las salpicadas por montos menores", sostuvo.
El megafrude fue montado supuestamente por los ex funcionarios de la dependencia, Miguel Centurión Carmona y Gregorio Luis Beltrán Gómez, quienes crearon seis firmas "fantasma", para evadir al fisco.