A ocho meses de la toma de posesión de Donald Trump como presidente, el sistema de comercio global basado en reglas permanece intacto. Ninguna amenaza de imponer aranceles amplios se ha cumplido. Algunas investigaciones poco propicias sobre la posibilidad de que las importaciones a Estados Unidos amenacen la seguridad nacional se encuentran suspendidas. Trump parece más un joven pastor proclamando que viene el lobo que un hombre decidido a aplicar mano de hierro.

Sin embargo, quienes apoyan a la Organización Mundial del Comercio, el organismo encargado de vigilar ese sistema basado en reglas, están preocupados. Otros peligros están al acecho. Hay muchas formas de quebrantar a una institución.

La OMC se creó como un foro para alcanzar acuerdos y resolver controversias. Sin embargo, los 164 miembros deben acordar cualquier regla nueva, y no ha sido posible llegar a ningún acuerdo. Si los miembros no aprueban las reglas actuales, según las interpretan los jueces, sus probabilidades de lograr negociar mejores reglas son escasas. Esta situación pone cierta presión sobre la división judicial de la OMC, que ha funcionado muy bien.

Se van conjuntando factores que pueden originar conflictos en el Órgano de Apelación de la OMC. Este debe contar con siete miembros, pero ahora solo tiene cinco y para finales de este año ese número se reducirá a cuatro. Los estadounidenses se rehusan a arrancar el proceso para cubrir las vacantes, por supuestas inquietudes sistémicas. Lo que parecía un arcano enfrentamiento procesal se ha convertido en una crisis, de acuerdo con algunas partes.

Esta tensión se presenta en un mal momento. En años recientes, las controversias han aumentado tanto en cantidad como en complejidad. Este órgano ya tiene muchos casos retrasados, que en teoría deberían resolverse en dos meses. Una apelación de la Unión Europea que involucra a Airbus, un fabricante de aeronaves, ya ha tardado casi un año.

A finales del 2019 concluirá el nombramiento de otros dos miembros, así que para entonces solo quedarán dos. Se requieren tres miembros para decidir cada caso. Si no se cubren estas vacantes, el sistema corre el riesgo de resquebrajarse.

En teoría, los estadounidenses han objetado dos irregularidades procesales, una de las cuales se refiere a la forma en que los miembros que concluyeron su encargo recientemente abandonaron la organización. Sin embargo, de acuerdo con Brendan McGivern, un abogado de Ginebra, ninguno de estos problemas es monumental.

De hecho, el 18 de septiembre Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos que por lo regular evita hacer declaraciones, describió un panorama más amplio de conflictos. Ante una audiencia en Washington que incluía muchos expertos en política exterior, lamentó que las decisiones del Órgano de Apelación de la OMC hubieran "desdeñado" las normas de Estados Unidos e impuesto obligaciones a las que no accedió ese país cuando se integró a la OMC.

Se trata de inquietudes longevas exclusivas de Estados Unidos. En repetidas ocasiones, los paneles de la OMC han resuelto que la forma en que Estados Unidos calcula sus derechos arancelarios sobre las importaciones para proteger el producto nacional no se ajusta a las normas. Lighthizer considera que esta postura afecta la capacidad de Estados Unidos de protegerse en contra de prácticas comerciales injustas. Muchas personas en Washington acusan a los abogados de la OMC de actuar por encima de sus facultades, pues se toman la libertad de interpretar cualquier aspecto que no queda cubierto en las normas originales.

Así que, de hecho, parece ser que el gobierno estadounidense está aprovechando estos nombramientos para tener como rehén a la OMC. Sin embargo, lo raro es que ha expresado sus pretensiones en términos muy vagos.

Quizá el pasado de Lighthizer nos dé algunas pistas. Según el periódico The Wall Street Journal, cuando asesoró al candidato presidencial Bob Dole en 1996, recomendó que un panel de magistrados estadounidenses revisara cualquier decisión en contra de Estados Unidos, y que el país debería amenazar con abandonar la OMC después de tres decisiones negativas. Esta semana Lighthizer habló muy bien del sistema que se aplicaba antes de la creación de la OMC, en el cual los miembros tenían facultades para bloquear las decisiones del panel.

Si se permite presionar al Órgano de Apelación para que sus decisiones favorezcan a Estados Unidos, su eficacia se vería mermada. Si los miembros no confían en que las audiencias sean justas, es más probable que tomen el asunto en sus propias manos. A McGivern le preocupa que la propuesta estadounidense para solucionar el problema percibido de exceso en el ejercicio de las facultades judiciales termine afectando el sistema basado en normas si se limita la independencia del Órgano de Apelación.

Algunas señales indican que la administración de Trump no planea deshacerse por completo de la OMC. Dos casos que promovió el presidente Barack Obama se encuentran en análisis y Lighthizer ha declarado que si descubre algún incumplimiento en los compromisos que asumió China conforme a las normas de la OMC, presentará una controversia. Sin embargo, expresó dudas en cuanto a la capacidad de la OMC para lidiar con el mercantilismo de China o llegar a acuerdos en su siguiente reunión ministerial en diciembre.

La estricta política comercial de Trump parece consistir en amenazar con aplicar aranceles a menos que se salga con la suya. La estrategia de Lighthizer es más sutil, pero quizá resulte más amenazadora. Combina la indiferencia con la táctica de evitar el nombramiento de miembros del Órgano de Apelación, mientras apuesta a que la OMC necesite a Estados Unidos más de lo que este país necesita a la OMC.

En ambos casos se corre el mismo riesgo: que las normas se vuel