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El 5 de julio, el Día de la Independencia de Venezuela, una muchedumbre progubernamental armada con palos, varillas de metal y pistolas irrumpió en el edificio de domo dorado de la Asamblea Nacional de Venezuela y golpeó a los parlamentarios. Algunas de las víctimas, aturdidas y ensangrentadas, caminaron tambaleantes por los jardines de la legislatura. Dos fueron a dar a hospitales con lo que se temía fueran fracturas de cráneo.

Los rufianes estaban respondiendo a los llamados del vicepresidente Tareck el Aissami. La asamblea, bajo control opositor desde las elecciones de diciembre del 2015, había sido secuestrada por una "oligarquía", declaró El Aissami, y los "patriotas" deberían defenderla. La guardia nacional, responsable de la seguridad de la legislatura, hizo poco esfuerzo por detenerlos.

Tres días después, el régimen canallesco de Venezuela mostró su rostro más amable. En mitad de la noche, Leopoldo López, el prisionero político más prominente del país, fue transferido de la prisión militar de Ramo Verde a su casa, donde permanecerá confinado. La Suprema Corte, que obedece al gobierno, había ordenado la transferencia con base en razones de salud y de procedimiento.

Aunque López, quien se ve sano, no es un hombre libre, su regreso a casa es una sorpresa. Diosdado Cabello, un archipámpano pugilístico, había prometido que cumpliría toda su sentencia de 13 años y nueve meses por supuestamente incitar a la violencia durante las manifestaciones en el 2014.

El inesperado reblandecimiento del régimen hacia López suma confusión a una situación ya cargada de la misma. Caracas, la capital, se ha visto convulsionada por las protestas desde fines de marzo, cuando la Suprema Corte usurpó los poderes de la Asamblea Nacional. El tribunal revirtió parcialmente su decisión, pero el régimen sigue ignorando ilegalmente a la legislatura. Al menos 95 personas han muerto en las protestas.

La escasez de productos básicos intensifica la ira. Millones de venezolanos están desnutridos y no se atiende a los enfermos. La inflación este año será del 950 por ciento, según Standard & Poor's, una agencia calificadora. Tres cuartas partes de los venezolanos se oponen al régimen de 18 años de antigüedad. El 10 de julio, un "trancazo", en el cual la gente bloquea las calles con autos, cadenas o ladrillos, detuvo el tráfico por 10 horas en varias ciudades.

Señales de descontento están apareciendo dentro del régimen. Se reporta que más de 100 soldados han sido arrestados por delitos como rebelión desde que comenzaron las protestas. La procuradora general, Luisa Ortega Díaz, bajo cuya autoridad López fue procesado, se ha convertido en uno de los críticos más peligrosos del régimen. Ha presentado cargos contra varios destacados oficiales militares, incluido el jefe del servicio de inteligencia y el coronel que no detuvo a los saqueadores en la Asamblea Nacional.

Ortega y la oposición están unidos en la resistencia a la más descarada acción del régimen para hacerse de más poder: un plan para convocar a una asamblea constituyente, la cual redactaría de nuevo la Constitución y haría cualquier otra cosa que quisiera. Las elecciones para el nuevo organismo, organizadas para asegurarse de que el régimen la controlará, deben celebrarse el 30 de julio. La oposición ha llamado a la fecha la "hora cero" para la democracia.

Es poco claro si la transferencia de López a un recinto más cómodo es una señal de la debilidad del régimen o, más probablemente, de su astucia. Su encarcelamiento se había convertido en una causa internacional célebre, y su esposa, Lilian Tintori, había visitado al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El traslado de López fue negociado por José Luis Rodríguez Zapatero, un ex primer ministro español que ha estado alentando al gobierno y a la oposición a dialogar entre sí. Los optimistas esperan que el diálogo pudiera conducir a una restauración de los derechos políticos de la oposición y a un acuerdo sobre la resolución de las crisis económica y humanitaria de Venezuela.

Sin embargo, bien pudiera ser que la salida de la cárcel de López sea una táctica distractora, en vez de una señal de que el régimen está dispuesto a hacer concesiones políticas reales. El presidente Nicolás Maduro ha tenido éxito antes en afectar a las iniciativas de la oposición con gestos conciliadores pero al final carentes de propósito. En octubre del 2016, durante una campaña por parte de la oposición para celebrar un referendo para retirarlo del poder, Maduro aceptó negociaciones mediadas por el Vaticano. Las conversaciones no llegaron a nada, pero dividieron a la oposición y ayudaron a socavar a la campaña del referendo.

Maduro pudiera explotar el traslado de López a su casa de manera similar. Antes de su encarcelamiento, López, un economista educado en Estados Unidos, encabezaba el movimiento La Salida, una parte radical de la oposición que peleaba por la salida negociada de Maduro del poder. López fue declarado culpable de incitar a la violencia que condujo a 43 muertos durante las protestas en el 2014; sin embargo, a falta de evidencia, un fiscal dijo que la incitación había sido "subliminal".

El principal rival de López dentro de la oposición es Henrique Capriles, un moderado que perdió ante Maduro en la elección presidencial del 2013 y gobierna el estado de Miranda. Aunque él no está en la cárcel, el gobierno le ha prohibido postularse para un cargo público de nuevo durante 15 años.

Al enviar a López a casa, Maduro quizá espere ampliar las divisiones dentro de la oposición, que no tiene un líder único. A las pocas horas, los partidos de López y Capriles estaban discutiendo sobre cuánto tiempo deberían durar los "trancazos" más recientes. Algunos políticos opositores criticaron a Tintori por agradecer a peces gordos del gobierno que estuvieron en la caravana de vehículos que llevó a su esposo a casa. Sus críticos sospecharon que ella había capitulado ante el régimen, o que López había llegado a un acuerdo para salir de la cárcel. Tintori lo niega.

"Ser cortés no te hace menos valiente", afirmó.

Maduro también está usando la reubicación de López para tratar de frustrar una alianza entre Ortega y la oposición. A ella se le debía culpar totalmente por el encarcelamiento de López en primer lugar, declaró el presidente. Insistió en que él mismo no había desempeñado papel alguno, pese a haberse jactado en el 2014 de que había ordenado el encarcelamiento de López y haría lo mismo con "todos los fascistas".

La Suprema Corte está amenazando con llevar a Ortega a juicio por "errores graves", aunque se requeriría el consentimiento de la Asamblea Nacional para destituirla.

Si Maduro pretende que el traslado a casa de López sea una señal de que habla en serio sobre el diálogo, tendrá muchas oportunidades para probarlo. Pudiera liberar a López, en vez de simplemente enviarlo a su casa, por ejemplo, junto con alrededor de 100 prisioneros políticos más. Pudiera descartar la asamblea constituyente, restablecer los poderes de la legislatura y desechar el juicio de Ortega.

Hasta que esto suceda, solo la familia de López tendrá motivos para celebrar. Los venezolanos que han sufrido tanto tiempo seguirán siendo justificablemente malagradecidos.