De The Economist

Hay momentos destacados para el complejo industrial de la marihuana de Estados Unidos. Más de la mitad de los estados del país han legalizado el cannabis medicinal, a menudo definido más bien de manera vaga. Ocho han votado para legalizar la droga para propósitos recreativos. La industria tuvo un valor de unos 6.000 millones de dólares el año pasado, una cifra que probablemente aumentará significativamente en el 2018, cuando empiecen las ventas recreativas en California.

En Washington DC, sin embargo, el estado de ánimo relajado se ha arruinado. En 1990, Donald Trump dijo que "se tienen que legalizar las drogas para ganar esa guerra", pero desde que entró en la política se ha vuelto más conservador. Al hacer campaña para la presidencia, llamó al mercado del cannabis legal de Colorado un "verdadero problema". Su secretario de prensa, Sean Spicer, dijo recientemente que esperaba ver una "mayor aplicación" de las leyes que siguen prohibiendo el cannabis a nivel federal.

Eso preocupa a los comerciantes de la hierba. El hecho de que estén violando la ley federal significa que, en teoría, sus utilidades son ingresos criminales, sujetos a incautación. En el 2013, el entonces subprocurador general James Cole publicó un memorando que aseguraba a los estados que habían legalizado el cannabis que los agentes federales no interferirían a menos que los estados permitieran que la industria cruzara ciertas líneas rojas, como vender a menores de edad, financiar la delincuencia o filtrar sus productos a jurisdicciones que no hubieran elegido legalizarlo.

El procurador general de Trump, Jeff Sessions, ha puesto en claro que ve las cosas de manera diferente. En su audiencia de confirmación ante el Senado se negó a apoyar el memorando de Cole, diciendo: "No me comprometeré a nunca aplicar la ley federal". Una carta del Departamento de Justicia es todo lo que se necesita para cerrar cualquier empresa dedicada al cannabis.

Esto ha provocado en algunos inversionistas un ataque de paranoia. Un índice de 50 acciones relacionadas con el cannabis llevado por Viridian Capital Advisors, una consultora de la industria de la marihuana, se deslizó alrededor de 10% en la semana posterior a que Spicer emitió su advertencia el 23 de febrero. Las peores afectadas fueron aquellas compañías que tratan directamente con la droga, las cuales están en terreno legal más movedizo que las que proveen de productos secundarios y servicios, como la maquinaria de extracción química o la seguridad.

Sin embargo, la mayoría de los inversionistas se ha mantenido en calma. El índice de Viridian sigue 18% arriba este año. La marihuana medicinal, que representa el grueso de la industria, está expresamente protegida por una ley federal que prohíbe a los agentes federales interferir en estados donde es legal. Trump respalda el cannabis medicinal al "100%", como la mayoría de los estadounidenses.

Además, aunque solo una mayoría bastante pequeña de personas favorece legalizar la hierba recreativa, una más grande –que incluye a la mayor parte de los republicanos– apoya el derecho de los estados a establecer su política sobre el asunto, según un sondeo realizado por la Universidad Quinnipiac.

Por ahora, el principal impacto de la línea más dura de Trump quizá sea hacer que los emprendedores se apeguen cuidadosamente a las regulaciones estatales, en vez de "presionar los límites" de la ley, dijo Sam Kamin, profesor de derecho y política en torno a la marihuana de la Universidad de Denver. Algunos han eludido las reglas que proscriben el comercio interestatal, por ejemplo, al comerciar como compañías de propiedad intelectual. Ese tipo de cosas parecen un poco más riesgosas ahora.

Los partidarios del cannabis difícilmente son ajenos al riesgo, señaló Kamin.

"Si uno ha invertido su fortuna personal en un producto que está prohibido por el gobierno federal", comentó, "se siente cómodo con una cierta cantidad de incertidumbre".