La Cámara de Diputados aprobó ayer el pedido de desafuero del legis­lador Carlos Portillo, supues­tamente involucrado en trá­fico de influencias en el Poder Judicial. De esta manera, el diputado liberal podrá ser investigado por la Justicia en el proceso abierto por la supuesta comisión de hechos punibles de tráfico de influen­cias, soborno, cohecho pasivo y asociación criminal.

El parlamentario participó de la reunión y pidió a sus pares su desafuero porque se considera inocente. Portillo sostuvo que la Fiscalía y el Poder Judicial no son garantías por el momento que atraviesan ambas institu­ciones del Estado, pero deci­dió pedir su desafuero y ser sometido a la Justicia por­que confía en que el pueblo paraguayo sabe distinguir entre la verdad y la mentira.

"Pido el apoyo de mis colegas para que aprueben mi desa­fuero. No tengo miedo de ser investigado, soy víctima de las calumnias de una persona, pero la verdad siempre sale a la luz", manifestó Portillo durante la sesión extraordi­naria de la Cámara Baja.

De 59 diputados presentes, 57 votaron por el desafuero. En su mayoría los legislado­res (del PLRA) se mostraron a favor de esto antes que de la pérdida de investidura. En tanto que se abstuvieron el colorado Marcial Lezcano y la liberal Ramonita Men­doza. El pedido fue remitido por la fiscala anticorrupción Liliana Alcaraz, quien for­muló la imputación y soli­citó que el Juzgado Penal de Garantías requiera el desa­fuero del congresista. Ahora Portillo está a disposición de la Justicia para respon­der por los diversos cargos por los que fue imputado, tras conocerse las grabacio­nes de conversaciones tele­fónicas en las que se lo escu­cha negociando cargos.

Antes del inicio de la extraor­dinaria, Portillo evitó respon­der sobre los audios. "Eso está en manos de mi abogado. Esto ya está en el ámbito jurídico y todas las cuestiones jurídi­cas pueden hablar con mi abo­gado", sostuvo el legislador del PLRA. Añadió que "nunca hizo nada malo" y que las acusacio­nes en su contra "tienen tras­fondo político".

El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, manifestó que no corresponde la pérdida de inves­tidura del legislador Carlos Portillo si no existe un pedido de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sin antes terminar la investigación en su contra.

A su criterio, estos mismos argumentos se debían utilizar en el caso del exsenador Óscar González Daher, también implicado en el caso de audios filtrados en el JEM, que lo involucrarían en presuntos hechos de tráfico de influencias.

"Se debían agotar las instan­cias y que el pedido de pérdida de investidura debía venir una vez terminado el proceso de investiga­ción y haya sido juzgado el diputado o el senador", agregó.