El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, lamentó la decisión de los parlamenta­rios al aceptar los incrementos que se dieron en la Cámara de Senadores en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018.

Sostuvo que se realiza­ron modificaciones con mon­tos millonarios y que con esto se pisoteó la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Con­greso con los aumentos para Educación, Salud, Adminis­tración Nacional de Energía (Ande) e Industria Nacional del Cemento (INC) –todos para reajustes salariales–.

Alliana atribuyó la aproba­ción del incremento a posibles "compromisos" de sus colegas atendiendo al momento electo­ral que se vive en el país. "Fue­ron modificaciones multimillonarias. Lo más doloroso es que estamos presentando de vuelta los gastos rígidos, gas­tos superfluos con los que se podrían ver afectadas obras de infraestructura, proyectos sociales", sostuvo.

Los incrementos son preci­samente en los que radica la preocupación de la ministra de Hacienda, Lea Giménez, y de algunos legisladores, teniendo en cuenta que fueron aproba­das subas salariales por casi US$ 80 millones que no tie­nen fuente segura de financia­miento.

El diputado señaló que los legisladores dieron el brazo a torcer a las presiones de algu­nos sectores, como los funcio­narios de la Ande y el sector docente. "Hubo una presión de algunos sectores docentes porque algunos estuvieron muy contentos con las reivin­dicaciones que estuvo dando el gobierno después de muchí­simo tiempo y que tendrían un incremento de más del 40% en cuatro años", mencionó.

Por otra parte, señaló que se trató en lo "humanamente posible" sacar un proyecto pre­supuestario que esté acorde a las necesidades del país y tra­tar de cumplir con los sectores más marginados.

"Se aumentó incluso el salario a funcionarios que ganan G. 10 millo­nes teniendo en cuenta que hay gente en el país que gana el sueldo mínimo", lamentó Alliana. Agregó que hay que esperar la decisión que va a tomar el presidente de la Repú­blica, Horacio Cartes, quien también tiene la atribución de vetar el presupuesto enviado por el Congreso Nacional. ­­