El Poder Ejecutivo promulgó la ley que incorpora mecanis­mos de funcionamiento de las sociedades anónimas, que establece, entre otras dispo­siciones, que todas las accio­nes al portador deben pasar a ser nominativas.

Se esta­blece para ello un plazo de 24 meses, incluida la comunica­ción a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. En caso de incumplimiento, las organizaciones se expo­nen a una multa que va de 50 a 500 jornales mínimos o la suspensión de actividades.

La finalidad es asegurar la existencia de información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídi­cas operantes dentro del sis­tema, explicaron desde el Eje­cutivo, que acompañó muy de cerca todo el proceso de estu­dio de la normativa desde su presentación en la Cámara de Diputados.

En virtud de dicha ley, la sociedad debe constituirse por escritura pública en que se indicarán el nombre, nacio­nalidad, estado, profesión y domicilio de los socios, y el número de acciones suscrip­tas por cada uno de ellos; la denominación y el domici­lio de la sociedad, y el de sus eventuales sucursales, dentro o fuera de la República. Debe constar, asimismo, el objeto social, el monto del capital suscripto e integrado, el valor nominal y el número de las acciones, el valor de los bie­nes aportados en especie y las normas según las cuales se deben repartir las utilidades.

Cabe señalar que el Paraguay ratificó diversos instrumen­tos internacionales aprobados por las Naciones Unidas. En ese sentido, recibió importan­tes recomendaciones de parte del Grupo de Acción Finan­ciera Internacional, como la incorporación de medidas preventivas sobre el sector financiero, el mejoramiento de la transparencia en la con­formación y la administración de las personas jurídicas y la disponibilidad de informa­ción sobre el beneficiario final de las operaciones.

Se agregan, además, la nece­sidad de la designación de autoridades competentes con facultades de supervi­sión, inteligencia financiera e investigación judicial, así como estadísticas, guías, san­ciones y otras medidas insti­tucionales.