Silvio Piris, titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), un protegido político de "Marito", es salpicado con denuncias graves de docentes por supuestos casos de estafa, que superarían los G. 300 millones.

Ocho docentes encarnacenos aseguran ser víctimas de un esquema de estafa que, según ellos mismos dicen, estuvo "muy bien montado". En el caso es sindicado como ideólogo principal el presidente de la Asociación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, quien a la vez es titular de la Asociación de Educadores del Paraná, de Encarnación, y actual precandidato a concejal departamental por el movimiento Colorado Añetete, que lidera Mario Abdo Benítez.

El equipo de La Nación se trasladó hasta el departamento de Itapúa para recopilar cada uno de los testimonios de quienes aseguran ser los más perjudicados por el "clan Piris". María Bogado, Diana Cabrera, José Villar, Virginia González, Luis Alberto Capurro, Antonio Moroni y Aurora González son los denunciantes. Ellos manifiestan que habría decenas de estafados más, pero no hablan por "temor". Esto a raíz de que Piris tendría fuertes influencias políticas, que las utiliza para que cualquier denuncia en su contra no sea procesada. El monto total del que fueron despojados superaría los G. 300 millones.

Los denunciantes fueron miembros de la Asociación de Educadores de Encarnación (actualmente Asociación de Educadores del Paraná), que en aquel entonces (entre el 2003 y 2008) estaba bajo la dirección del señor José Villar. La directiva se asoció a una financiera de la zona para facilitar préstamos a sus asociados y representantes de la Aso salían de garantes.

Contaron que al momento de procesar la solicitud de crédito, los directivos del gremio analizaban el sueldo del docente para el visto bueno antes de la entrega del dinero. Los docentes firmaban un pagaré en la financiera, aunque llamativamente no era el único.

Antes de retirar el dinero, firmaban otro pagaré con membrete de la Aso para respaldo en caso de que la persona no cumpla sus obligaciones. Los afectados pagaban el crédito vía débito directo de la Asociación. Los pagarés para la Aso eran firmados en blanco, según los denunciantes.

Hasta cierto tiempo este hecho no representó problema, pero una vez que terminaban de pagar el préstamo, el pagaré de la entidad financiera era entregado a los encargados de la Asociación. Ellos lo adjuntaban con el pagaré que tenían en su oficina para entregar a los propietarios. Sin embargo, la mayoría de los documentos quedó archivado, ya que sus propietarios se olvidaban de requerir a la Aso. Así sucesivamente los créditos eran renovados y los pagarés seguían acumulando, relataron los afectados. Hasta ese entonces siguió en funciones José Villar.

La Asociación de Educadores sufrió un duro golpe en el año 2008, cuando Piris y su grupo se hicieron cargo de la directiva de la Aso. Nuestros entrevistados relataron que aquel llegó al poder de la Aso con un plan para desplazar totalmente a los administradores anteriores. Fue así que Piris y su gente hicieron creer que existió un faltante de G. 220 millones –según nos manifestaron los maestros–, pero en realidad era una deuda adquirida para la construcción de una losa para la sede de la Aso. En una asamblea se comunicó ese aparente faltante y se aprobó un nuevo crédito por valor de G. 400 millones para cancelar la deuda.

Además, desvincularon de la directiva a Villar y a parte de su equipo. Tres meses después, Piris asumió la presidencia de la Aso, Héctor Ubaldo quedó como administrador y Rafael Sotelo como tesorero.

La primera situación dudosa empezó cuando en lugar de sacar el crédito de G. 400 millones, como acordaron, Piris contrató a peritos, quienes aseguraron que supuestamente el faltante era una suma mucho mayor: G. 1.000 millones. Es así que la nueva directiva denunció a José Villar y a Virginia González, ex tesorera, por estafa y lesión de confianza.

Con la excusa de que la Aso tenía esa millonaria deuda, vendieron la sede central y alquilaron una pequeña oficina en un edificio céntrico de Encarnación. Además, la Aso contaba con un almacén de consumo bien surtido y otras mercaderías por valor aproximado de G. 100 millones, más equipos informáticos utilizados para dar clases de computación. Hasta ahora Piris no ha rendido cuentas del valor de venta ni sobre qué hizo con el dinero. Lo concreto es que la cartera de créditos de los docentes en la financiera la vendieron a una entidad bancaria por G. 826.018.200.

Además, el equipo de Piris habría hallado la forma perfecta de hacer dinero fácil, ya que quedaron en su poder todos los pagarés en blanco firmados por los socios. Al menos esto es lo que se deduce de los testimonios de las personas afectadas recogidos in situ por La Nación. Es así que habrían rellenado los pagarés por montos millonarios y para cobrarlos judicialmente. No conforme, Piris habría endosado los documentos para retirar créditos del banco a nombre de los docentes. A pesar de existir varias denuncias ante el Ministerio Público, ninguna llegó a su término.

A María Bogado la demandaron en el 2011 por una supuesta deuda de G. 11 millones, que no se pudo comprobar. Denunció a Piris en el año 2009 por estafa y apropiación, ya que se enteró de que había un préstamo a nombre de socios por un total de G. 1.310 millones, que ellos no adquirieron.

Piris presentó una nueva demanda en su contra por G. 20 millones (préstamo vigente, solo quedaban cuotas). Llegaron a un acuerdo de pago, él le dio un finiquito, pero ella debía retirar la denuncia y así lo hizo. Finalmente, en el 2014 María nuevamente fue demandada por otro de sus pagarés en blanco ya cancelado, por G. 26.600.000.

Rufina Ocampo es otra docente que había renunciado al gremio y, en ese entonces, dejó una cuenta pendiente de once cuotas de un préstamo de G. 28 millones, financiado en 40 meses. Ella asegura que intentó por todos los medios llegar a un acuerdo de pago, pero Piris siempre la evitaba. Sin su autorización, él sacó un crédito en el banco supuestamente para compensar la cuenta, Cuando la mujer lo encaró, aceptó lo que había hecho y liquidó el saldo. Pero en agosto del 2015, demandó nuevamente a Rufina por G. 28.000.000. La denuncia quedó archivada en la Unidad 4 de la Fiscalía de Encarnación.

Con el mismo modus operandi de los pagarés en blanco, a Diana Cabrera la demandaron en tres ocasiones. La primera por G. 33 millones; la segunda por más de G. 20 millones, que está terminando de pagar, y la tercera por G. 111 millones, cuya demanda acaba de ser notificada.

Luis Alberto Capurro sostuvo que Piris sacó un crédito a su nombre sin su autorización por G. 5.500.000 en un solo pago. Su sueldo no superaba los G. 2 millones. Denunció el hecho como estafa en la Unidad 5 de la Fiscalía de Encarnación, que quedó archivada.

Por su parte, Antonio Moroni adeudaba G. 10 millones de un préstamo de G. 36 millones. Los docentes pasaron a cobrar a tarjeta. Llegó a un acuerdo con la Aso para pagar G. 200.000 mensuales hasta cancelar el saldo. Así lo hizo. Cuando fue a retirar el pagaré se encontró con que Piris ya lo había hecho. No contento con ello, Piris lo demandó por la totalidad del préstamo que ya había saldado: G. 36 millones. Moroni lo demandó, pero a pesar de las pruebas perdió la demanda. Apeló y corrió con la misma suerte. Ahora volvió a hacer una demanda ordinaria y se encuentra en espera de que la jueza Yenni Chamorro dé lugar.

A Aurora González, esposa de José Villar, con el mismo modus operandi, la habrían estafado por G. 19 millones.

Los ocho docentes afectados, quienes se animaron a dar la cara, solicitan encarecidamente a las autoridades jurisdiccionales que se hagan eco de sus denuncias.

Esto a los efectos de abrir una investigación fiscal en torno a este dramático caso que afectaría a decenas de otros colegas suyos. Alegan, además, que ya no cuentan con recursos económicos para hacer frente a los gastos judiciales.

Virginia González fue acusada por el supuesto faltante de G. 1.000 millones en la Aso y fue a juicio. Asegura no haber tenido derecho a la defensa, ya que ni siquiera tuvieron acceso a la pericia.

Presentó todos los documentos respaldatorios. "El principal quedó libre y a mí me condenaron a cuatro años de cárcel y el pago de G. 920 millones por supuesto perjuicio patrimonial. Actualmente ella apeló la sentencia y está pendiente de resolución.

José Villar asegura haber caído en la trampa de Silvio Piris, ya que por falta de recursos económicos no pudo pagar otro perito para contrarrestar lo presentado por los directivos de la Aso. Fue a juicio oral en el que presentaron todas las pruebas.

En todo ese proceso José sufrió un ACV, (accidente cerebro vascular) y perdió la movilidad de gran parte de su cuerpo. La causa caducó, pero habría caído en poder de Piris uno de sus pagarés en blanco y hoy día tiene una demanda por G. 52 millones, que todavía no fue resuelta.