El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, se puso a disposición de los diputados para aclarar las dudas respecto a las acusaciones que pesan sobre él para la adjudicación del superviaducto a la empresa Isolux Corsán. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles la propuesta de conformar una comisión especial para investigar el caso de adjudicación de esta obra a la empresa mencionada, según publicaciones del diario Abc Color.
La medida adoptada por el ministro se establece en el acta firmado ante un escribano público para desmentir sobre los supuestos hechos de soborno y señala que está "a disposición de la Cámara de Diputados, que abrió una investigación del caso a instancias de la oposición y la disidencia del Partido Colorado".
El secretario de Estado realizó varias medidas para "desbaratar las falsas acusaciones y tergiversaciones del diario Abc Color". Además de ponerse a disposición de los legisladores, Jiménez Gaona solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría a todo el proceso de adjudicación y construcción de la obra en cuestión.
Así también solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores toda la documentación de la denuncia que obra en España respecto a la existencia de un supuesto esquema de corrupción en Paraguay, que involucra a la empresa y autoridades del MOPC. Igualmente, se puso a disposición de las autoridades judiciales y policiales de España para esclarecer el caso y desacreditar toda duda.
Las investigaciones de irregularidades en la adjudicación de obras, específicamente el proyecto Madame Lynch, fueron publicadas inicialmente por el medio español El Mundo y posteriormente reproducido por el medio Abc Color. Las investigaciones de la Policía de España se basaron en principio en una investigación sobre Jordi Pujol Ferrusola y su familia por supuestos sobornos de sus empresas para conseguir una obra de infraestructura.
Dentro de esta investigación surgieron varios correos electrónicos entre Pujol y Ernesto dos Santos, quien aparentemente actuaba de mediador entre la empresa y las instituciones públicas. Sin embargo, la Policía no logró conectar a ninguna autoridad paraguaya con los supuestos sobornos que habrían hecho desde la empresa Isolux Corsán para lograr la adjudicación de la obra.