La intención de la Cámara de Senadores de derogar la facultad del Poder Ejecutivo para vetar proyectos de Ley, en específico el Presupuesto General de la Nación, es una “barrabasada”, según parecer del Abog. Óscar Germán Latorre, ex Fiscal General del Estado.
El letrado explicó esta mañana que la potestad de vetar cualquier ley, o promulgarla, es una competencia exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo a las facultades que a cada poder le corresponde.
Ayer, la Cámara Alta dio media sanción en sesión extraordinaria a la modificación de la Ley 1.535/99 “De Administración Financiera del Estado”, la cual busca cercenar esta función del Gobierno. La propuesta fue presentada por el senador de Avanza País, Adolfo Ferreiro.
“La Ley de Administración Financiera había establecido una norma que regula esa potestad constitucional expresamente prevista en la Constitución Nacional, en sentido de que el mandatario puede vetar cualquier Ley, como la del presupuesto, la que tiene vigencia temporal y que puede ser objeto de aplicación dentro del ejercicio fiscal correspondiente”, dijo Latorre a la 970 AM.
Mientras que en relación al senador Adolfo Ferreiro, el abogado aseveró que los medios deben darle primera plana como violador de la Constitución Nacional y como quebrantador del Estado de Derecho. “Es un proyecto que hasta no creo que haya sido presentado. Hay que tener la cara bien dura para hacerlo”, fustigó.
Expresó, además, que el proyecto de Ferreiro no tiene contenido jurídico sustentable y que parece más una maniobra política tendiente a evitar la desagradable posición del Senado en la ocasión del presupuesto del año pasado, cuando el Jefe de Estado vetó el PGN. “De todas maneras, no comparto, es una locura”, afirmó sobre el punto.
Con esta modificación, la Cámara Alta quiere blindar el PGN que se apruebe en el Congreso Nacional y evitar el veto del Poder Ejecutivo, tal como se dio el año pasado con el Presupuesto para el 2017. Ferreiro señaló que no existe tal atribución del Poder Ejecutivo para vetar el presupuesto aprobado en el Congreso y que el mismo debe aceptar la decisión del Poder Legislativo.