La Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, dio a conocer un comunicado mediante el cual expresa su respaldo al Gobierno del presidente Horacio Cartes, califica de "ilegítimas con fines de agitación política, chantaje y asalto a las arcas del Estado" a la protesta y exigencias de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), rechaza cualquier condonación de supuestas deudas o subsidios para este sector y recomienda a sus legisladores defender esta postura ante el Congreso Nacional.

El mensaje fue dado a conocer por Darío Filártiga,Vicepresidente 1º de la ANR, quien hizo énfasis en que el Poder Ejecutivo presentó ayer un plan de contingencia y de reactivación productiva para pequeños agricultores cuyos cultivos sí fueron severamente afectados por las últimas heladas.

Remarcó también que "en breve se implementará el Seguro Agrícola" y que "este Gobierno provee permanentemente a los pequeños productores de asistencia técnica, insumos, herramientas y trabajos de apoyo sin precedentes, fiel a la doctrina agrarista y popular que distinguen al Partido Colorado."

Filártiga recordó, igualmente, que el año pasado, ante un conflicto parecido, los pequeños productores agrícolas y el Poder Ejecutivo llegaron a un acuerdo mediante la Ley de Rehabilitación Financiera.

Este instrumento permitió que miles de agricultores refinanciaran sus deudas, con quitas de intereses, y accedieron nuevamente a líneas de crédito para reactivar su producción.

"A pesar de todo eso, nuevamente en los últimos días las organizaciones campesinas transportan manifestantes a Asunción, con la organización y el liderazgo de conocidos elementos de la oposición política", advirtió el dirigente de la ANR.

"En ejercicio abusivo del derecho generan desorden en las calles e impiden por la violencia el libre desplazamiento de las personas en el centro de la ciudad, reclamando la condonación de deudas de alrededor de 17.000 supuestos agricultores, además de un subsidio estatal", agregó.

"Se ha presentado a la Cámara de Senadores un proyecto de ley, promovido por parlamentarios afines a los operadores políticos de la oposición, responsables de la marcha, que en esencia busca legitimar la pretensión absurda, injusta e ilegal de alzarse con fondos públicos", alertó.

"Estamos entonces ante una protesta totalmente ilegítima, cuyos propósitos evidentes son la agitación política, el chantaje y el asalto a las arcas del Estado", concluyó Filártiga.