La fiscal María José Pérez imputó a Ramón Alberto Palacios Gómez por coacción y privación de libertad. Además pidió la prisión preventiva para los imputados ante el Juzgado Penal de Garantías.
Los asesores jurídicos de la Essap, Juan Heinichen, Tranquilino Benítez y César González Orihuela denunciaron haber sido retenidos contra su voluntad, el día en que solicitaron la ejecución del Decreto n.º 5.258 del Poder Ejecutivo.
La medida dispone la anexión del servicio de agua potable proveído por la Junta de Saneamiento del barrio Cerrito, de San Antonio, a la prestadora concesionaria Empresa de Essap.
Con llaves y candados
La funcionarios de la Essap, llegaron a la sede de la junta de saneamiento, sin embargo, Palacios se negó a dar cumplimiento al decreto por lo que procedió a cerrar con llaves y candados la puerta principal de acceso del local.
Allí supuestamente mantuvo cautivos, con la ayuda de otras personas, a estos asesores jurídicos hasta la intervención de la agente fiscal Pérez y la Policía Nacional para liberar a estas personas.
La agente fiscal Pérez, refirió que la Brigada Central de Investigación de Delitos, procedió a la detención de Palacios, quien fue citado a declarar en sede fiscal mañana a las 8:00.
Ramón Palacios, también se hallaba con orden de captura para su indagatoria por otra causa investigada, en la que está imputado y estaba prófugo, por perturbación a la paz pública, hurto y resistencia.