• Por Jorge Torres Romero

Leí todo tipo de especulaciones acerca de lo que sucedió con el gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann y el intento fallido de sacarlo del cargo. Más allá de las diferencias políticas naturales que se dan en tiempos de definiciones de listas y candidaturas, el problema real o la puja verdadera que existe en el departamento es quién se queda con la mejor parte del oro de Paso Yobái.

Y les cuento la historia: en el programa La Caja Negra de Unicanal, hicimos una investigación al respecto. Hoy existe un enorme conflicto en el lugar. La empresa canadiense Lampa (Latin American Minerals Paraguay) tiene el permiso para la explotación del oro en Paso Yobái, que exporta un promedio de 30 kilos de oro por año a Canadá y Estados Unidos para ser refinados.

El punto es que los pobladores afirman que la extracción del mineral es superior a lo que la empresa declara. Es por ello que hoy día se ha conformado en la zona una Asociación de Mineros de Paso Yobái, quienes extraen el oro en forma artesanal, pero de la propiedad de un paraguayo-alemán Albino Neukinsinger, quien permitió que Lampa haga en su momento una cateo en su propiedad pero luego ya no le dejaron ingresar y el alemán se encargó de establecer su dinámica para la extracción.

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Desde que Neukinsinger tomó la decisión de sacar el oro por su cuenta, sin permiso ambiental, sin concesión, sin autorización del organismo oficial, pese a un pedido formal al Viceministerio de Minas y Energías, se asoció con otras dos personas, Óscar Chávez (actual concejal, el mismo que quiso sacarle el cargo a Friedmann) y Antonio Colmán. Estos figuran como los dueños de las envidiables tierras de donde extraen el oro.

Para seguir extrayendo el mineral en forma ilegal, Don Albino (como lo conocen en la zona) logró congraciarse con el pueblo a fin de usarlos de escudo y también logró el apoyo de importantes políticos como el gobernador Rodolfo Friedmann Alfaro y el senador colorado Gustavo "Pipo" Alfonso.

Los pobladores sostienen que es preferible que el pueblo se beneficie con el oro que existe en la zona, antes que una empresa internacional se lleve todo al exterior y sin mayores beneficios para la ciudad. Según el testimonio que recogimos de Lucio Pérez Ortiz, un poblador del lugar, quien integra la lista de beneficiarios del oro de Don Albino, el promedio que recibe la comunidad es de 10 kilos de oro en forma mensual.

Están perfectamente organizados. Hay un líder que arrima su lista con 15 miembros. A cada lista se le da la opción de extraer un camión con un promedio de 50 gramos del mineral precioso al mes. Lo trasladan a uno de los 120 molinos artesanales de la zona (sitios donde se procesa el oro) y eso arroja por lo menos unos G. 8 millones, que se dividen entre las 15 personas. Es decir, lleva cada familia G. 500 mil por mes. En total son beneficiarios unas 3.500 familias.

Según las planillas a las que pudimos acceder, efectivamente el promedio mensual que reciben los beneficiarios es de 10 kilos de oro. Esto quiere decir que al año, mueven 120 kilos.

Y acá viene el problema. ¿Por qué la empresa Lampa, que hace también la extracción de oro y que cuenta con equipos más sofisticados registra solo un promedio de extracción 30 kilos por año? ¿Están declarando todo lo que procesan?

Si "Don Albino" reparte su oro a los pobladores (10 kilos) ¿cuántos kilos quedan para los dueños de la propiedad, sus socios y sus protectores políticos?

A Friedmann le reclamaron sus socios que aproveche su cercanía con el oficialismo colorado que está en el poder para que las tierras de Don Albino obtengan la licencia para la explotación y que incluso ellos tienen datos de la existencia de más oro en otras propiedades, pero necesitan autorización del Estado. A Friedmann lo tildaron de flojo. Con el golpe de Chávez, quien además es socio de las tierras, pretendían ejercer mayor presión al gobierno.

Mientras esto ocurre, se siguen sacando kilos y kilos del mineral precioso. El Estado no toca nada, le tiran migajas a la gente para usarlas y la empresa canadiense amenazando con irse del país y encima con demanda incluida al Estado paraguayo.

Es necesario que las autoridades tomen cartas y brinden no sólo las garantías jurídicas necesarias a la empresa concesionaria, sino que además realicen los controles ambientales necesarios para salvaguardar el recurso natural que nos pertenece a todos.

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