Finalmente, el Poder Ejecutivo cederá a la presión del sector sojero y derogará el polémico decreto 1937/09 que había promulgado el pasado 28 de abril. La medida fue anunciada ayer por el ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, y será concretada en la fecha.

Este anuncio surge luego que el sábado último el presidente Fernando Lugo haya compartido una cena con los principales dirigentes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en la residencia del presidente de la Cooperativa Colonias Unidas, Agustín Konrad, en Encarnación. Dichos gremios impulsan la realización del segundo Tractorazo contra el gobierno de Lugo y una de las reivindicaciones es precisamente la derogación del decreto 1.937, el cual, establece condiciones de difícil aplicación para la fumigación de sojales. Si bien el ministro Rivas apuntó ayer que la derogación se dará para “devolver la racionalidad a la producción agrícola y no para evitar el denominado tractorazo que el sector productivo tiene previsto realizar en breve”, es evidente que apunta a desactivar esta protesta con la cual amenazan sojeros y ganaderos, y que en principio debía llevarse a cabo en junio.

NORMAS IMPRACTICABLES

“El decreto va ser derogado, eso fue lo que se analizó en la reunión de la fecha, porque se vaticina una caída de la producción, por eso debemos de apoyar al sector productivo, de manera a levantar el producto interno bruto que va a caer bastante, según los pronósticos”, precisó Rivas al concluir una reunión del Consejo de Ministros con el Jefe de Estado, ayer en Mburuvicha Róga.

Este decreto tenía puntos que fueron considerados como de imposible cumplimiento por el sector productivo, como la ampliación de las barreras vivas en caminos vecinales, el aviso previo a tres instituciones (Seam, Senave, Salud) para realizar una fumigación y a los pobladores de la zona afectada a través de los medio de comunicación nacional y local. También cuestionan la libertad que se le daría a los municipios para que establezcan los márgenes de protección de cauces hídricos, entre otros puntos (ver infografía).

El decreto 1937/09 “establece medidas sanitarias para el uso adecuado de plaguicidas en la producción agropecuaria, con vistas a la protección de la salud de las personas, así como de los alimentos y del ambiente”, según reza el título del mismo.

AGROQUÍMICOS

Rivas adelantó que el Poder Ejecutivo también vetará parcialmente la Ley de Agroquímicos que fue sancionada en mayo pasado por el Congreso Nacional, y que establece beneficios para las poblaciones campesinas en contraposición a la posición defendida por los productores sojeros. “La ley fitosanitaria tendrá un veto parcial, con ello será enviado nuevamente al Congreso para que sea estudiado nuevamente”, indicó Rivas, al término de la reunión llevada a cabo en Mburuvicha Róga.

Héctor Cristaldo, titular de la UGP y principal referente del “tractorazo” opinó que ambas medidas anunciadas por el gobierno “son pasos en la dirección correcta”. No obstante, no quiso anticipar si con esto la medida de protesta ya queda sin efecto, porque “eso se definirá en plenaria de productores”. No precisó cuando se dará esta reunión.