A favor de la aprobación votaron solo once legisladores de las bancadas de Patria Querida y el Partido Liberal Radical Auténtico, mientras una amplia mayoría apoyó el rechazo.

El tratamiento del referido proyecto de ley fue seguido de cerca por varios dirigentes de diversos gremios y sectores empresariales, quienes también tenían sus posiciones divididas. Los que estaban a favor del rechazo se juntaron a un lado de la sala destinada al público, en tanto que los que pedían la aprobación con las modificaciones introducidas, se ubicaron del otro lado.

Entre los principales argumentos en contra figuraron las dudas sobre la autoridad de aplicación, ya que no existe claridad en cuanto a su designación, funciones ni mecanismos de protección, así como la resistencia a las multas y a las sanciones, consideradas coercitivas.

El senador Alfredo Jaeggli fue el único que aseguró que el país no necesita  hoy este tipo de leyes: “Que me diga un solo senador que está acá si con esta ley vamos a solucionar un problema que tenemos hoy”. Además, afirmó que en este país, tampoco se garantiza que los miembros de esta comisión (autoridad de aplicación) que será electa, no se vuelvan ricos en pocos años.

Por su parte, el senador Hugo Estigarribia propuso el rechazo del proyecto pese a las modificaciones introducidas en el Senado, porque a pesar de ellas, no basta para tener una buena ley que proteja de manera adecuada algo tan sensible como es la competencia.

Afirmó que el proyecto no convence, porque no se prevé su independencia  ni dedicación exclusiva a dicha labor, tampoco la incompatibilidad para ocupar otro cargo ni las causales de destitución de los miembros ni los procedimientos de designación ni los mecanismos de protección.

TOMARSE MÁS TIEMPO

El senador Juan Darío Monges, quien también recomendó el rechazo, pese a considerar que el país no puede seguir por mucho tiempo sin contar con una legislación que cumpla fundamentalmente la defensa de la competencia.

Argumentó también que las modificaciones introducidas no satisfacen en gran medida los intereses afectados en este tema y si bien se tuvieron audiencias públicas en las cuales se escucharon a las partes, “la bancada vanguardista cree que hay que tomarse el tiempo para poder recoger todas las expectativas y contar con una ley en defensa de la competencia que tenga el justo equilibrio”.

Añadió que incluso existe ya un compromiso de los sectores afectados de que inmediatamente después del rechazo que plantea esta bancada, se pondrán a trabajar para ello.

POR LA APROBACIÓN

Por su parte, Marcelo Duarte, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca y Luis Alberto Wagner recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas. Afirmaron que una ley es necesaria, de lo contrario se estará expuesto a abusos de las grandes empresas, que hacen lo posible por ganar más y más mercado.

En cuanto a la autoridad de aplicación manifestaron que introdujeron modificaciones como que no dependa directamente de una persona y que esté libre de presiones personales. Con relación a las multas, que modificaron el método de cálculo y corrigieron el artículo que dispone que cualquiera de las multas aplicadas, sea a las empresas o a sus directivos, no pueda ocasionar, por su monto, la ruina ni de la empresa ni de la persona física que ejerce su dirección.

Se origina en la Constitución

El proyecto de ley que pretende regular la competencia en el país se origina en la misma Constitución Nacional, en este caso en el Artículo 107, denominado “De la Libertad de Concurrencia”, que establece que “toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas las creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la ley penal”.