El presidente de la República, Fernando Lugo, vetó ayer la ley que establece el procedimiento para la confirmación de los magistrados, más conocida como “Ley Tuma”, que dejaba fuera de la posibilidad de ser declarados inamovibles los agentes fiscales, agentes síndicos y defensores públicos. Con el rechazo, la ley vuelve al Congreso, y se ratifica la inamovilidad de los funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público. El veto surgió tras una ruidosa manifestación realizada por los defensores públicos en la plaza adyacente al Palacio de Gobierno, ubicada sobre la calle El Paraguayo Independiente. La protesta fue encabezada por la propia titular de la Defensoría Pública, Noyme Yore.

En horas de la tarde, el Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto número 2.378 por el cual se objeta totalmente la Ley sancionada por el Congreso Nacional bajo el número 3.372 ‘que modifica los artículos 1º y 5º de la Ley Nº 1.634/00 que establece el procedimiento para la confirmación de los magistrados del Poder Judicial’”.

“El proyecto de Ley mezcla y asimila en forma incorrecta a los agentes fiscales, síndico general de quiebras, agentes síndicos y defensores públicos, lo que no es correcto constitucionalmente. Por lo cual al poder Ejecutivo no le resta otra alternativa que objetar totalmente el Proyecto de Ley Nº 3.772 `que modifica los artículos 1º y 5º de la Ley 1634/00 ´que establece el procedimiento para la confirmación de los magistrados del poder judicial sancionada por el Congreso Nacional”, señala un párrafo del considerando del decreto.

La ley había sido presentada por el diputado oviedista Óscar Tuma, y sancionada por ambas cámaras del Congreso Nacional.

Durante la manifestación, la doctora Noyme Yore explicó el motivo por el cual los defensores rechazan la ley. “Con la famosa Ley Tuma estaríamos no perdiendo precisamente nuestro trabajo, pero en alguna manera perjudica toda la actividad laboral porque vamos a perder la posibilidad de mantenernos en el cargo”, indicó la jefa de los defensores de reos pobres.

“Así como los magistrados tienen la inamovilidad, los defensores públicos, fiscales y síndicos necesitamos la estabilidad en nuestros cargos. Por eso es que estamos manifestándonos ahora”, alegó la doctora Yore.

Los funcionarios del Poder Judicial, los fiscales y síndicos de quiebra deben concursar cada cinco años para seguir en el cargo. Con el rechazo de la “Ley Tuma”, sigue vigente la posibilidad de que los mencionados agentes obtengan la inamovilidad con la confirmación en sus cargos por dos periodos seguidos; es decir, después de 10 años de labor.

REACCIÓN

“Elogiamos esta postura”
- TERESA MARTÍNEZ, AGENTE FISCAL

La fiscala Teresa Martínez indicó que la decisión del presidente de la República, Fernando Lugo, de vetar la ley es digna de elogio. “Habida cuenta que se nos pretendía cercenar un derecho constitucional, a la estabilidad laboral, por lo que se estaba discriminando al Ministerio Público, entonces, elogiamos esta postura”, manifestó ayer la agente fiscal.

Añadió que seguirán en alerta, pues esto aún no acaba, el Congreso puede ratificarse en la ley, advirtió.

“VENGANZA OVIEDISTA”

La disputa por la preeminencia en el Ministerio Público se desató meses atrás. Primero, a instancias de representantes oviedistas en el Consejo de la Magistratura, se excluyó automáticamente de las ternas de candidatos a fiscales a los agentes Marcos Alcaraz y Guillermo Insfrán. Anteriormente, el Consejo incluía al titular del cargo con mandato vencido en la terna.

Alcaraz está “marcado” por los integrantes del Partido Unace, debido a su vinculación en el procesamiento de Lino Oviedo en la muerte de Luis María Argaña, a través de argumentos supuestamente falaces.

Meses atrás, alrededor de 40 agentes fiscales recurrieron a la Corte, mediante una acción de certeza constitucional, por la cual pretendieron que se los confirme en sus cargos, ya que el Consejo aclaró que deben concursar nuevamente para intentar ganar un cupo en la terna.

Actualmente, no más de 7 fiscales fueron declarados inamovibles por la Corte, ya que fueron confirmados en sus cargos, tras completar dos periodos, que representan 10 años de labores.