Vetó la ley que limitaba la discrecionalidad en el otorgamiento de recursos a las organizaciones radicales sintecho; dispuso que la Secretaría de Emergencia y el Indert presten apoyo y recursos a las organizaciones radicales sintierra; presta la fuerza coercitiva del Estado a esos grupos.

Las organizaciones radicales nucleadas en el Frente Patriótico Popular y en el Consejo de Resistencia Popular, muchos de cuyos referentes son consultados habitualmente desde el gobierno, presentaron un programa en el que exigen nacionalizar casi nueve millones de hectáreas y el control estatal sobre la tierra, los minerales, el agua, la energía y la tecnología.

La propiedad pública de los medios de producción, extracción e intercambio es una propuesta antigua, fue planteada por muchos pero su forma más conocida lo fue por Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista de 1848.

El compromiso de las organizaciones sociales que el presidente Lugo alienta con su apoyo es instaurar en Paraguay un régimen de socialismo real o, para decirlo de un modo llano, un régimen comunista.

No hay más remedio que denominar así, comunista, a un sistema en el que la propiedad de los medios de producción, extracción e intercambio es pública.

Nada de eso se votó el 20 de abril, al contrario. Si se consideran los votos logrados por quienes propusieron un programa de socialismo real, el 20 de abril se votó mayoritariamente en contra de ese programa, abrumadoramente en contra. Lugo, pues, está desconociendo el mandato popular y violando la promesa electoral. La legitimidad de origen se va convirtiendo en ilegitimidad de gestión, abrumadoramente evidente.

El presidente no tiene legitimidad para introducir por la ventana un programa que nadie votó. Obviamente un mandato que se traiciona o se incumple, deriva en mal desempeño.

Activistas del socialismo real como Gilberto Cáceres, ya están pidiendo la disolución del Congreso, porque saben que la única valla real al golpe ideológico está en el Congreso.

Sin el Congreso, las organizaciones radicales quedan solas para desarrollar sus planes, lamentablemente con apoyo total del Poder Ejecutivo.

Lugo le ha mentido a la ciudadanía y ha perjurado el 15 de agosto de este año, cuando juró respetar y hacer respetar la Constitución y la ciudadanía, por medio de sus representantes, tiene derecho a demandárselo. El juicio político es el instrumento de la demanda. El juramento de posesión termina con una fórmula “si así no lo hiciera, que Dios y la Patria me lo demanden”. Así no lo hace, por consiguiente la Patria, que reside en el Congreso, tiene la obligación de demandárselo.

La demanda de disolución del Congreso implica la llamada a un golpe de Estado, por lo que Gilberto Cáceres debe ser imputado como golpista, y luego de un debido proceso puesto a buen recaudo en la cárcel.

El gobierno está mostrando, en la destrucción del Estado de Derecho y de la economía paraguayas, una firmeza y una determinación sobrecogedoras.
Vetó la ley que limitaba la discrecionalidad en el otorgamiento de recursos a las organizaciones radicales sintecho; dispuso que la Secretaría de Emergencia y el Indert presten apoyo y recursos a las organizaciones radicales sintierra; presta la fuerza coercitiva del Estado a esos grupos.

Las organizaciones radicales nucleadas en el Frente Patriótico Popular y en el Consejo de Resistencia Popular, muchos de cuyos referentes son consultados habitualmente desde el gobierno, presentaron un programa en el que exigen nacionalizar casi nueve millones de hectáreas y el control estatal sobre la tierra, los minerales, el agua, la energía y la tecnología.

La propiedad pública de los medios de producción, extracción e intercambio es una propuesta antigua, fue planteada por muchos pero su forma más conocida lo fue por Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista de 1848.

El compromiso de las organizaciones sociales que el presidente Lugo alienta con su apoyo es instaurar en Paraguay un régimen de socialismo real o, para decirlo de un modo llano, un régimen comunista.

No hay más remedio que denominar así, comunista, a un sistema en el que la propiedad de los medios de producción, extracción e intercambio es pública.

Nada de eso se votó el 20 de abril, al contrario. Si se consideran los votos logrados por quienes propusieron un programa de socialismo real, el 20 de abril se votó mayoritariamente en contra de ese programa, abrumadoramente en contra. Lugo, pues, está desconociendo el mandato popular y violando la promesa electoral. La legitimidad de origen se va convirtiendo en ilegitimidad de gestión, abrumadoramente evidente.

El presidente no tiene legitimidad para introducir por la ventana un programa que nadie votó. Obviamente un mandato que se traiciona o se incumple, deriva en mal desempeño.

Activistas del socialismo real como Gilberto Cáceres, ya están pidiendo la disolución del Congreso, porque saben que la única valla real al golpe ideológico está en el Congreso.

Sin el Congreso, las organizaciones radicales quedan solas para desarrollar sus planes, lamentablemente con apoyo total del Poder Ejecutivo.

Lugo le ha mentido a la ciudadanía y ha perjurado el 15 de agosto de este año, cuando juró respetar y hacer respetar la Constitución y la ciudadanía, por medio de sus representantes, tiene derecho a demandárselo. El juicio político es el instrumento de la demanda. El juramento de posesión termina con una fórmula “si así no lo hiciera, que Dios y la Patria me lo demanden”. Así no lo hace, por consiguiente la Patria, que reside en el Congreso, tiene la obligación de demandárselo.

La demanda de disolución del Congreso implica la llamada a un golpe de Estado, por lo que Gilberto Cáceres debe ser imputado como golpista, y luego de un debido proceso puesto a buen recaudo en la cárcel.

El gobierno está mostrando, en la destrucción del Estado de Derecho y de la economía paraguayas, una firmeza y una determinación sobrecogedoras.