La Haya, Holanda. AFP.

La ex fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, urgió el jue­ves a la Corte Penal Inter­nacional (CPI) a que lance una investigación por pre­sunto abusos y torturas por el gobierno venezolano. El presidente "Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad", dijo Ortega luego de depositar en la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencia. Ortega, de 59 años, salió clan­destinamente de Venezuela a fines de agosto alegando ser víctima de una persecución política y está bajo protección del gobierno colombiano, que le ofreció asilo.

Delante de la sede de la CPI, bajo la lluvia, luego de entregar los legajos a la ofi­cina del fiscal general de la CPI, Ortega insistió en que Maduro y su gobierno "deben pagar por el hambre, la mise­ria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Vene­zuela"

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Ortega dijo que la Policía y los militares mataron a unas 1.767 personas en el 2015. El año pasado hubo 4.677 muer­tes y 1.846 fueron asesinadas en los primeros seis meses del 2017. Su expediente incluye testigos oculares, así como entrevistas con expertos y médicos, que detallan pre­suntos "crímenes, asesina­tos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemá­tico y generalizado contra la población civil".

Ortega dijo que empezó a recabar infor­maciones sobre esos críme­nes cuando estaba al frente de la fiscalía general en el 2015. También denunció al ministro de Defensa, Vladi­mir Padrino López, y al de Justicia, Néstor Reverol, o al director del Sebin, Gustavo Gonzales Lopez, entre otros responsables del gobierno.

"También incluimos en la denuncia más de 17.000 detenciones arbitrarias, la militarización de la Seguri­dad ciudadana que permitió el uso de las armas de fuego en manifestaciones", agregó. "Nos vimos en la necesidad de recurrir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia", añadió.

LUISA ORTEGA SE ASILÓ EN COLOMBIA

Desde que huyó inicialmente a Colombia, la jurista ha hecho un periplo por distin­tos países de la región para presentar pruebas de abuso del gobierno de Maduro y buscar apoyo para restau­rar el orden democrático en su país.

Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política y huma­nitaria que derivó en manifes­taciones callejeras que deja­ron 125 muertos entre abril y julio. EEUU y la Unión Euro­pea (UE) impusieron sancio­nes al país. Venezuela ratificó el estatuto de Roma que dio creación a la CPI, por lo que en teoría la fiscala general de la organización, Fatou Ben­souda, tiene jurisdicción para investigar alegaciones de crí­menes de lesa humanidad en ese país. Desde que se creó la CPI en el 2002, la fiscalía reci­bió unas 10.000 denuncias de grupos, de particulares o de países, para que investigue supuestos crímenes.

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