La Fiscalía de Brasil en Curitiba (sur) acusó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de corrupción y lavado de dinero en el marco del escándalo de sobornos de Petrobras. La denuncia, presentada por los fiscales de la operación "Lava Jato", está relacionada con la compra y la reforma presuntamente pagadas con fondos públicos de una hacienda en Atibaia, interior de San Pablo, de la que Lula sería propietario oculto.

El juez Sergio Moro, a cargo de los procesos de "Lava Jato" en la primera instancia, deberá decidir ahora si acoge la causa, elevada el pasado lunes. Los fiscales sostienen que los fondos públicos presuntamente desviados "fueron usados, dentro del estrepitoso esquema criminal capitaneado por Lula da Silva, no solo para enriquecimiento ilícito, sino especialmente para alcanzar gobernabilidad basándose en prácticas corruptas y la perpetuación criminal en el poder". El equipo que investiga el caso afirma que, a cambio, Lula habría garantizado a las constructoras contratos con la estatal Petrobras.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) y jefe de Estado del 2003 al 2010 también es acusado de "estructurar, orientar y comandar el esquema ilícito de pagos de sobornos en beneficio de partidos políticos, políticos y funcionarios públicos, aun siendo presidente de la República, nominando a directores de Petrobras orientados a la práctica de crímenes en beneficio de las constructoras Odebrecht y OAS". El mandatario niega cualquier irregularidad.

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Otras doce personas fueron acusadas en la misma causa, entre ellas el ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que purga una pena de 20 años de cárcel, y José Adelmário Pinheiro, dueño de la OAS, por corrupción activa y lavado de dinero.

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