El 20 de abril del 2008 el pueblo votó contra los colorados justamente para cambiar eso, entre otras muchas cosas.

Pero desde el 15 de agosto de aquel año el gobierno de Lugo, por razones que no fueron explicadas, ha hecho poco o nada para cambiar el esquema que condujo a la presente catástrofe: Los paraguayos, literalmente sentados sobre dos de las mayores usinas hidroeléctricas del mundo y sobre uno de los mayores acuíferos del planeta sufrimos racionamiento de energía y de agua.

Dos sindicalistas, José Pineda, del Sindicato de Trabajadores de Ande (Sitrande), y Luis Diarte, del Sindicato de Trabajadores de Essap (Sitraessap), denunciaron esta semana que, a pesar de tener los problemas claramente diagnosticados desde el principio, Sixto Amarilla (ex presidente de Ande) y Emiliano Insfrán (presidente de Essap) resolvieron, por razones que no dieron a conocer, no implementar los planes existentes para evitar las crisis.

En el caso de Ande, el Congreso le otorgó, según fuentes legislativas, el 26 de agosto del 2009, dos ampliaciones presupuestarias, una de ciento treinta y un mil millones de guaraníes y otra, específicamente para el “Operativo Verano 2010”, de diecinueve mil millones de guaraníes.

En el caso de Essap, había disponible un presupuesto de setenta mil millones, de los cuales treinta mil millones estaban específicamente destinados a ampliación de la planta de tratamiento de Viñas Cué.

A falta de datos oficiales, no se sabe en qué se gastaron esos enormes recursos pagados por los contribuyentes paraguayos los señores Amarilla e Insfrán, aunque hay algo que parece evidente: No los invirtieron en prevenir las crisis.

Los contribuyentes a los que se pide el sacrificio de dotar de esos recursos a las dos entidades deben ahora soportar que ninguna de ellas les provea un servicio mínimamente aceptable. Deben pagar por nada, por cortes y por desabastecimiento.

Emiliano Insfrán se mantiene como presidente de Essap y, aunque fue destituido de Ande, Sixto Amarilla fue premiado por sus acciones con un asiento en el Consejo de Itaipú. El gobierno, pues, está obviamente satisfecho con las gestiones de estos dos funcionarios.

Para paliar la crisis de Ande, que la administración de Fernando Lugo no originó pero que sí consolidó, la viceministra de Energía, Mercedes Canese, está elaborando un decreto, sobre cuyo contenido “no refrescó la memoria” de su supuesto jefe Efraín Alegre, que se basa en castigar el incremento del consumo de energía eléctrica.

Según me explicó el viernes 5 a la tarde, la idea es sancionar con mayores tarifas a toda persona que sobrepase su consumo promedio del año pasado.

El gobierno de Fernando Lugo, que no hizo lo que debía, castigará a todo paraguayo que consuma ahora más electricidad que el año pasado, sin importar si el aumento del consumo se debe a que ese paraguayo trabajó más para tener más electrodomésticos o si su negocio creció y demanda más energía.

Canese me dijo, en la entrevista señalada, que todo paraguayo que consuma más de lo que usó el año pasado es un derrochón falto de solidaridad.

Es decir, el gobierno está aprovechando las crisis que él mismo se encargó de consolidar, según se infiere de las denuncias de los sindicalistas, para arrogarse, por primera vez en la historia paraguaya, la atribución de inmiscuirse en los hábitos de consumo de los ciudadanos.

Y no solamente eso. Aprovechando la crisis consolidada por él, el gobierno se arroga la atribución de juzgar si los ciudadanos son buenos o malos según se sometan o no a las directivas de consumo del gobierno.

Ahora es la electricidad, enseguida el agua, luego podrán ser los combustibles, la leche o los huevos.

El decreto que está elaborando Canese, hasta el viernes 5 sin la participación del su supuesto jefe Efraín Alegre (quien, sin embargo, lo firmará para mantenerse en la gracia del presidente Lugo), tiene, pues, una motivación claramente ideológica y un propósito político manifiesto.

Esta impresión queda reforzada por el hecho de que Canese me confesó que no pensaron, por ejemplo, atacar la crisis averiguando quién roba energía de la Ande, dato que no se molestaron en averiguar aunque su carencia no privó a la viceministra de acusar a las grandes empresas de ser las ladronas de la energía.

Y tampoco se molestaron, los del gobierno, de dotar de todavía más recursos a Ande o a Essap con el simple expediente de pagar la deuda que el Estado tiene con ellas.

Así, con la excusa de las crisis, el sistema bolivariano de lucha de clases y tutela estatal sobre todos los aspectos de la vida desciende sobre nosotros, con el aval del Partido Liberal Radical Auténtico.

Si concedemos a Fernando Lugo ese poder extraordinario sin resistir, entonces nos merecemos sus dictados.