Puesto en el lugar de Rafael Filizzola, ministro del Interior, pienso en el enorme costo que tendría para él que los terroristas asesinen a Fidel y comprendo fácilmente el cuidado que está teniendo en esta difícil situación.

El cuidado y las limitaciones con que debe estar lidiando. Quién dijo que la Policía es confiable? Quién dijo que está técnicamente preparada para un rescate?

No sé si cualquiera de nosotros, incluido el diputado Mussi, podría actuar de manera diferente. El costo, político y emocional, es demasiado grande.

Esta es justamente la razón por la que se espera que un gobierno tenga una fuerza política que lo respalde y soporte a la hora de tomar las decisiones difíciles, impopulares, terribles, que se requieren, de tiempo en tiempo, en materia de seguridad o defensa.

Si matan a Fidel por decisiones que se hayan tomado en el Gobierno, la oposición –que incluye al diputado Mussi– tendrá derecho a preguntar por qué no se hizo todo lo posible para salvarlo.

Pero la oposición tiene derecho a preguntar ahora si el Gobierno no está sacrificando demasiado por preservar la vida de Fidel.

Creo que el diputado Mussi debe comprender que la situación requiere algo de delicadeza en su trato formal, como recomienda el diputado Sebastián Acha, porque, en efecto, hay una vida en juego; pero también creo que Mussi ha planteado el debate en sus términos reales, cosa que pocos parecen tener el valor de hacer.

Los tres actos públicos de propaganda del terrorismo que el EPP realizó la pasada semana (en la Chacarita y en las comunidades de Redención y Boquerón) a cuenta de la extorsionada familia de Fidel muestran de manera difícilmente controvertible, que se le están admitiendo a los terroristas cosas que ponen en riesgo elementos que son supremos para la supervivencia de cualquier república.

Cuando los terroristas pueden realizar, como han hecho, actos públicos de manera impune, están socavando de manera muy grave el concepto de autoridad pública sin el que los gobiernos no pueden implementar las políticas generadas por el sistema institucional.

Cuando los terroristas pueden repartir bienes ajenos para exponer el discurso de que el robo puede producir beneficios para los más necesitados, están hiriendo casi de muerte la idea de que la civilización consiste en vivir según reglas libremente consentidas, lo que conocemos como Estado de Derecho.

La destrucción del concepto de autoridad pública y la de la validez del Estado de Derecho son costos que una sociedad no puede asumir sin consentir, al hacerlo, poner en riesgo su propia vida, la vida, las oportunidades y las esperanzas de seis millones de paraguayos.

Nuestra Constitución nos pide, en su Artículo 129, que sacrifiquemos nuestras vidas, si fuera necesario, por esos principios sin los que la existencia sería un infierno. Y pide, en su Artículo 175, a los que se incorporan a la tarea de seguridad que también sacrifiquen sus vidas por esos principios.

Nos lo pide nuestra Constitución y lo pide cualquier constitución democrática justamente porque es obvio que la libertad, las oportunidades y los derechos de todos merecen ese sacrificio supremo. Es la simple elección entre vivir de pie, con dignidad, o morir arrodillados después de consentir cualquier vejamen.

El consentimiento que el Gobierno, y me refiero al Ejecutivo y al Ministerio Público, dieron a los actos organizados por los terroristas es un precio que no podemos pagar los paraguayos, al menos si queremos seguir viviendo en una sociedad medianamente libre y democrática.

En lo personal, y aunque lo he criticado muchísimo en estos días, creo que Rafael Filizzola permitió estos actos abrumado por el peso enorme de la responsabilidad que tiene en sus manos, por las limitaciones con que debe administrarse, y reitero que comprendo el dilema espantoso que debe resolver.

Pero el ejercicio del Gobierno implica cosas como esta y nadie forzó a Rafael o a Fernando Lugo a asumir la carga que asumieron. Los gobiernos están obligados a defender el interés general y el Gobierno paraguayo, por el Artículo 128 de nuestra Constitución, está particularmente obligado a hacerlo.

El Gobierno no puede consentir que los terroristas destruyan las bases de la sociedad y su explicación acerca del porqué lo consiente debe ser verdaderamente muy convincente para seguir en ese curso suicida, porque si no tiene explicaciones convincentes, pues debe dar lugar a otra gente capaz de cumplir mejor sus obligaciones con la sociedad toda.