Aducen que limitar el uso del derecho de propiedad para evitar el pago de un rescate implica castigar más a las víctimas de una situación de secuestro que a los propios secuestradores y que aquella limitación incentivará mayor informalización de la economía al alentar la existencia de cuentas clandestinas de personas adineradas establecidas al efecto de hacer frente a la terrible contingencia.

Tal posición de los diputados exige una aclaración conceptual.

La seguridad interior, como la defensa nacional, constituye claramente una causa de utilidad pública. Los paraguayos nos asociamos y nos damos un ordenamiento jurídico común para garantizar, entre otras cosas, nuestra seguridad interior.

Basta leer la Sección I, del Capítulo I del Título II de la Constitución para comprenderlo fácilmente y sin interpretaciones de intermediarios.

Consecuentemente, cualquier uso de la propiedad privada, en este caso de cuentas bancarias formales o informales, nacionales o extranjeras, que contribuya a fortalecer a organizaciones cuya existencia implica debilitar la seguridad interior de todos los ciudadanos cae claramente dentro de las limitaciones al uso de la propiedad de las que habla el Artículo 109 de la ley fundamental.

Nadie tiene derecho a usar su propiedad, nacional o extranjera, para incrementar el poder de organizaciones cuyo objetivo es extender la violencia y debilitar la seguridad de cada paraguayo. Nadie.

El Congreso tiene derecho a establecer límites para ese uso; tiene la obligación de hacerlo.

Cada vez que se paga un rescate a terroristas que secuestran personas, se fortalece la capacidad de esos terroristas para secuestrar a más personas y para incursionar en otros campos del terrorismo, como la realización de atentados. Cada vez que se paga un rescate a terroristas, se les da instrumentos para destruir propiedades. Cada vez que se paga un rescate a terroristas, estos tienen más recursos para destruir el Estado de Derecho.

Los dólares que supuestamente salvan una vida, la del secuestrado, se usarán para matar más, para destruir más, cegarán otras vidas de otros paraguayos. En esta situación especialísima, pues, la protección de la sociedad, incluso la protección de la propiedad privada misma, exige del Estado limitar la propiedad.

Y sí, hay que asumir el argumento hasta sus últimas consecuencias: Pagar un rescate a los terroristas debe ser penalizado, pues es un acto que supone una amenaza inmediata para todos los paraguayos.

Los que pagan rescates, sean familiares o sean funcionarios, deben ir a la cárcel porque al hacerlo benefician a los criminales.

Eso es lo que le falta al proyecto del senador Acevedo. Las familias de las víctimas de secuestros no deben negociar con los terroristas, pero tampoco los funcionarios públicos. Lo único que un funcionario público debe escuchar de un terrorista es su voluntad de rendirse incondicionalmente. Ninguna otra conversación debe admitirse.

La otra objeción, la de que habría un pedido de la familia del secuestrado Fidel Zavala para no aprobar este proyecto, pone a quienes la esgrimen simplemente en violadores flagrantes de la Constitución.

El Artículo 128 de la Carta Magna, que establece que “en ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”, es tan claro que confesar, como han hecho algunos, que están legislando en interés particular de una sola familia solamente sirve para desnudar su ignorancia irredimible o su más completa mala fe.

Por supuesto, soy totalmente pesimista acerca de las posibilidades del proyecto de Robert Acevedo de ser aprobado. Muchos de nuestros políticos prefieren dar largas a los problemas, evitar los principios, contemporizar incluso con los asesinos con tal de no comprometerse.

Es gente sin principios, sin escrúpulos, sin remordimiento alguno para defender hoy lo que mañana atacará y viceversa. Y no debemos confundirlos con los pragmáticos, que son otra cosa (los que buscan las consecuencias prácticas del pensamiento y ponen el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida).

De la mano de políticos como los mencionados, nuestra República ha venido deslizándose en el tobogán de la decadencia continua, solo que ahora hemos arribado ya al punto en que tal decadencia implica convivir con la violencia ideológica como si fuera un fenómeno natural, surgido de la pobreza.

Así, es muy probable que los terroristas del autodenominado Ejército Paraguayo del Pueblo estén obteniendo lo que buscan con el secuestro de Fidel Zavala y que, dotados de cientos de miles de dólares, puedan equiparse mejor, entrenarse mejor, reclutar a más gente y atacar con mayor daño a más paraguayos.

De ahí al sálvese quien pueda, no hay más que un muy corto trecho.