El ministro López Perito entiende, seguramente, que lo único que podemos pensar de la propuesta señalada es que quiere pactar con los directores alguna forma de atenuar las críticas de la prensa.

Hice mi mejor esfuerzo mental para tratar de hacer una lista de cosas, que no sean atenuar las críticas, que pudieran pactar el gobierno y los directores: Los precios de la publicidad estatal; mecanismos para impedir la discriminación en la asignación de la publicidad estatal; discutir mecanismos para los medios independientes que equiparen de alguna forma el apoyo gubernamental a medios oficialistas no formalizados; eliminar las condiciones de competencia desleal de los medios oficialistas no formalizados; establecer un sistema público de información pluralista, pero admito que mi intelecto no me permitió avanzar mucho más.

Pero como el ministro propone la reunión reclamando ecuanimidad a los medios, supongo que el encuentro en ciernes no tratará de lo que está en mi lista, sino de atenuar las críticas.

Las democracias difieren de los sistemas autoritarios, entre otras cosas, por la manera en que entienden el rol de los medios de comunicación. En las democracias se estimula su libre funcionamiento, en los sistemas autoritarios se lo restringe y limita.

En las democracias se hace todo lo posible para que haya muchos y diversos medios, y para que estos puedan vivir y servir, en los sistemas autoritarios se alienta solamente a los medios progubernamentales.

Nuestra Constitución, que tiene muchos defectos en lo referente al funcionamiento del Estado, está, sin embargo, basada totalmente en la filosofía democrática en lo relativo a la prensa.

El artículo 26 dispone que se garantizará “la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”.

El artículo 27 va todavía más lejos, al dejar en claro que “el empleo de los medios de comunicación es de interés público; en consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. No se admitirá la prensa carente de dirección responsable. Se prohíbe toda práctica discriminatoria en la provisión de insumos para la prensa, así como interferir las frecuencias radioeléctricas y obstruir, de la manera que fuese, la libre circulación, la distribución y la venta de periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría responsable. Se garantiza el pluralismo informativo”.

Y, lo más importante, el artículo 28 reconoce que “el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”.

Si el ministro López Perito, o cualquiera del gobierno, se siente afectado por la difusión de informaciones falsas, distorsionadas o ambiguas, tiene derecho a exigir rectificación y los demás derechos compensatorios.

Pero no tiene derecho alguno a pactar con los directores un mecanismo de autocensura, como el que rige en la Venezuela bolivariana, ni tiene derecho a instrumentar de manera alguna el poder del Estado para intentar con él atenuar las críticas.

El sólo hecho de que el ministro haya sugerido una reunión con los directores para reclamar ecuanimidad fuera del marco que para ello establece el artículo 28 de la Constitución indica que el secretario presidencial desea pedirles algo más que lo que la Ley Fundamental le permite al gobierno.