Este va siendo, cada vez más, el caso de nuestra sociedad. Se nos está imponiendo una elección entre los marxistas radicales que dirigen el gobierno de Fernando Lugo y los que, como Alfredo Jaeggli, pretenden una “tregua política” de cuatro años, como si los derechos de los ciudadanos pudieran ser suspendidos para que un grupo de iluminados los guíe.

Me parece que caben pocas dudas ya acerca de la dirección que tiene el gobierno.

El cambio que está desarrollando, pues está haciéndolo, no es la moralización de la administración pública, como queda evidenciado por el tema de los subsidios a los sesameros, la intención de adquirir las tierras de Teixeira, la publicidad en las radios piratas, la oposición a que los fondos sociales de las binacionales pasen por el presupuesto, la deuda de Petropar, la renuncia de José Astigarraga a Copaco, el mantenimiento del monopolio sobre Voice on IP y tantos otros ejemplos, menores y mayores.

El cambio de Fernando Lugo consiste en crear, con los mismos instrumentos que usaron Stroessner y Duarte Frutos ¬–la prebenda y el negociado–, una base de fieles al marxismo radical.

Además, están generando, con la inestabilización del campo o el deterioro de los derechos de propiedad, las condiciones objetivas y subjetivas para completar un proceso leninista clásico.

Un paso posterior, no sé si mediato o inmediato, es la conquista completa del poder. Los marxistas radicales paraguayos, hay que recordarlo, detestan la “democracia burguesa”. Siguen detrás del Muro de Berlín.

Frente a ellos aparecen los partidarios de la defensa autoritaria del sistema social. El senador Jaeggli con su propuesta de destituir a Lugo (lo cual sería totalmente legal por la vía del juicio político) para imponer una tregua política, u Horacio Galeano Perrone reivindicando la autonomía militar y el papel tutelar de las Fuerzas Armadas.

Elementos laterales de esta misma defensa hablan, por ejemplo, de restablecer el tipo de autoridad que la Policía tenía durante el régimen de Alfredo Stroessner y de restringir los elementos garantistas del Código Penal, como si fuera el Código, y no jueces venales nombrados por recomendación de caciques partidarios, el culpable de la impunidad que alimenta la inseguridad.

Es decir, proponen como remedio al desafío agravar la situación que le dio origen, que se puede resumir simplemente en la falta de extensión de nuestra democracia.

Hay una suerte de entendimiento perverso entre estas dos fuerzas, pues ambas saben que saldrán beneficiadas si logran plantear una dicotomía absoluta entre ellas.

Y ambas aprovechan la total atomización de los grandes partidos, en especial la del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), organización completamente vaciada de vida institucional, a la que los marxistas del gobierno manejan a gusto con la disposición de áreas administrativas que carecen de cualquier relevancia estratégica.

El PLRA tiene cinco o seis ministerios pero ninguna política. Ni siquiera la liberalización de Internet, por señalar un ejemplo pequeño, es el resultado de una política del PLRA. Las políticas del gobierno las deciden Fernando Lugo, Miguel Ángel López Perito, Camilo Soares y Sixto Pereira.

A medida que la situación vaya evolucionando, la gente se verá obligada a tomar partido por unos o por otros, dejando sin sustento a lo único que realmente puede salvarnos de la tragedia autoritaria: Más democracia.

Lugo debería irse, pues no fue votado para hacer lo que está haciendo. Pero no para ser reemplazado por una tregua política, sino para restablecer el mandato del 20 de abril del 2008, que no es otro que democracia con decencia.