Enrique Vargas Peña

En agosto de 2005, la policía brasileña detuvo a Francisco Antonio Cadena Collazos, “pa’i Camilo”, ciudadano colombiano y sacerdote católico.

El siguiente febrero, febrero de 2006, José Rodríguez, nuestro José Rodríguez, el que sale en las fotos con el presidente Fernando Lugo y es líder del Espacio Unitario Popular, solicitó en nota al presidente “Lula” y a la Corte Suprema brasileña “la inmediata libertad” del colombiano.
“Pa’i Camilo” estuvo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1983 y fue jefe de los frentes 2, 17 y de la columna móvil “Teófilo Forero”; fue secretario de Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”, con quien dirigió incursiones como la de las bases militares de Patascoy, en 1997, y Las Delicias, en 1996. Fue integrante del Bloque Caribe y se desempeñó como “jefe de prensa” de las FARC.

“Pa’i Camilo” está procesado por rebelión, homicidio, terrorismo agravado.
En síntesis, a José Rodríguez, líder del Espacio Unitario Popular, no le interesa demasiado que alguien mate, aterrorice o forme parte de una organización de violencia. Da la impresión de que, para él, la violencia es apenas una faceta de lo que denomina lucha social.
Gregorio Morales Martínez, y su hermano, por ejemplo, son de esos personajes que José Rodríguez denomina “luchadores sociales”, seguramente por el hecho de que están involucrados en la destrucción (por incendio) de dos topadoras en las tierras de Rodrigues Teixeira.

Pertenecían, o pertenecen aún según las necesidades, a la Coordinadora por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria, de Eulalio López, el líder de la comisión vecinal “Mariscal López”, la que reclama las tierras de Teixeira.
Lo mismo que Casildo López, uno de los jefes, ahora prófugo, de la Organización Campesina del Norte, implicado también en varios hechos de violencia, simples episodios, para ellos, de la larga marcha social.

Es de la Organización Campesina del Norte que surge el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Estoy mencionando específicamente el nombre de José Rodríguez, porque él es uno de los principales articuladores de enormes transferencias de recursos a organizaciones que alientan a personas como los hermanos Morales Martínez o Casildo López que, evidentemente, no tienen escrúpulo alguno en recurrir a la violencia para lograr sus propósitos.

No es casualidad que haya una relación directa entre las transferencias de recursos públicos, en especial a partir de la gestión de Silvio Ferreira durante el gobierno de Luis Ángel González Macchi, y la aparición de hechos de violencia en nuestro país.

Al contrario de lo que dicen la Iglesia y los marxistas radicales, no es la pobreza sino la abundancia de recursos públicos la que abona la violencia con que están hundiendo nuestro país.

Los sucesivos gobiernos paraguayos son los que financian la violencia al entregar recursos a entidades que dan cabida a los Morales Martínez o a los López. El problema está en que nadie sabe dónde se detienen esas personas. No es casualidad que de esas organizaciones haya surgido el EPP.

José Rodríguez, por lo menos, ya mostró con el caso del “pa’i Camilo” que si la causa requiere ayudar a un terrorista, pues se lo ayuda. Y los miembros del Congreso ya mostraron, también, que no son capaces de contribuir a la seguridad prohibiendo que se transfieran recursos públicos a entidades que los reciben directa o indirectamente si están involucradas en hechos ilegales o de violencia.