Hasta la fecha se han registrado 45 feminicidios en lo que va del año en nuestro país. Esta cifra no solo es escalofriante, sino extremadamente preocupante. No pasa una semana sin que los noticieros televisivos, las radios y los diarios se hagan eco de un asesinato cometido contra mujeres a manos, por lo general, de sus compañeros sentimentales o de sus ex parejas.
En la gran mayoría de los casos, los crímenes suceden luego de un largo historial de violencia. Muchas veces, las víctimas o sus familiares presentan la denuncia ante los organismos correspondientes sin que los mecanismos de protección y de defensa de las mujeres se activen con eficacia. Ocurre con frecuencia también que las propias víctimas retiran las denuncias, dando pie a que la espiral de degradación y abuso continúe y se agrave. La magnitud de este drama –gran parte del cual se halla soterrado– hace imposible pretender que la solución vendrá exclusivamente con nuevas legislaciones o con el endurecimiento de las sanciones.
Es preciso emprender acciones en varios frentes con la finalidad de reducir la incidencia de esta nefasta práctica y, con el tiempo, extirparla completamente de nuestra sociedad. En los últimos meses ocurrieron varios casos que tuvieron amplia repercusión debido a la extrema violencia con que fueron cometidos los asesinatos. El feminicidio es por lo general la culminación de un proceso creciente de maltratos verbales, sicológicos y físicos.
Para frenar este azote que destruye las bases mismas de la sociedad es preciso tomar medidas enérgicas en lo inmediato y, además, diseñar estrategias más a largo plazo relacionadas a la educación y que modifiquen muchas pautas culturales muy arraigadas en Paraguay.
En este sentido, es particularmente alarmante la creencia de que parte de la responsabilidad por la violencia de la que es víctima corresponde a la propia mujer. Esta noción, lamentablemente muy extendida en algunos sectores de nuestro país, contribuye a mantener oculto un grave problema social. Ninguna conducta, actitud u opinión puede justificar la violencia y menos aún el asesinato.
Por todo ello es indispensable fortalecer las instituciones que atienden las denuncias de las mujeres víctimas de violencia y garantizar un seguimiento eficaz de cada caso. Todo cambio cultural supone un proceso más o menos largo que debe comenzar en la formación de las nuevas generaciones con el propósito de extirpar la violencia y promover la plena igualdad entre hombres y mujeres. Finalmente, otro factor determinante en este proceso es el empoderamiento de la mujer en los ámbitos laboral, social y político. Mujeres con autonomía económica y con proyección política estarán más protegidas de la violencia por razones de género. Es crucial en este sentido promover la plena igualdad salarial entre hombres y mujeres.
A pesar de los grandes avances que la mujer ha logrado en los últimos años en empresas y actividades económicas, continúa sufriendo postergaciones y discriminación frente a hombres que soportan la misma responsabilidad o cumplen las mismas funciones. De igual forma, es esencial fomentar la participación de las mujeres en las organizaciones sociales y políticas, reservando de ser necesario, un cupo mínimo para las mujeres en los cuadros de conducción y dirección.