Bajo la cuidadosa supervisión de Lea Giménez, el Ministerio de Hacienda se halla embarcado en hacer respe­tar los límites que impone el Presu­puesto General de Gastos para el año entrante. Como cada año, entre los lineamientos princi­pales aparece el diseño de un plan de gastos que no haya exceso en los aumentos salariales en el sector público para el 2018.

Una perspectiva que, lógicamente es acompa­ñada por los distintos gremios, tal como lo hizo saber esta semana la Cámara de Anuncian­tes del Paraguay (CAP), que recibió a la minis­tra Giménez en su local. Allí, los empresarios de este importante sector insistieron sobre la necesidad de mantener los topes y no abultar o inflar el presupuesto para el próximo año.

El Presupuesto que elaboró Hacienda no solo debe responder a la disponibilidad de fondos sino, especialmente, debe ajustarse a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece topes al déficit de las finanzas públicas. La posición de la actual titular de Hacienda respecto a la exigen­cia de cumplir las disposiciones de la referida legislación hacen suponer que el Estado avanza hacia un presupuesto más equilibrado, situa­ción que no ocurría en gobiernos anteriores.

Para que nuestro país supere el atraso y la pobreza en el mediano plazo es ineludible introducir cambios de fondo en los criterios de elaboración del presupuesto, algo a lo que muchos sectores políticos opondrán una dura resistencia.

No caben dudas que esta determinación es un logro muy relevante para comenzar a raciona­lizar la administración y la gestión del Estado y también para dejar atrás aquellos años en los que el manejo de los recursos era caótico labe­rinto, saturado de desorden, sin criterio, escala­fón comprensible ni lógica alguna.

Esta situación se originó en una peligrosa dis­torsión acerca de las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado. Si bien el Congreso tiene la facultad constitucional de estudiar y aprobar el Presupuesto General de Gastos de la Nación, es el Poder Ejecutivo el órgano admi­nistrador del Estado, encargado de la recauda­ción, de la gestión de los recursos públicos y de la política económica.

Resulta difícil enten­der la lógica de esta completa descoordinación. Recaudación y gasto no pueden ir por cuerdas separadas. Si se aspira a una administración mínimamente saludable y eficiente deben com­plementarse en una misma visión. Gastar lo que no se tiene conduce inexorablemente a peligro­sos desequilibrios, un principio que se aplica a la economía de un hogar o a la de una nación.

Ade­más de esta distorsión no puede dejar de seña­larse el arraigado vicio de nuestra clase política de disponer del patrimonio público en forma discrecional, como si se tratara de un botín que debe repartirse en tajadas. Esta nefasta práctica de mal utilizar los bienes públicos para benefi­cio de unos pocos es transversal a todos los sec­tores e ideologías y nunca serán demasiadas las acciones que se adopten para imponer el manejo transparente y honesto de los mismos.

Es por ello que el llamamiento realizado por entidades como la CAP, así como otros gremios empresariales, a favor de la racionalidad es oportuno y bienvenido, atendiendo a los com­promisos que tiene el Estado.

El crecimiento económico y una mayor equidad social solo se producirán con un incremento vigoroso y sostenido del empleo, que a su vez eleva el consumo en el mercado interno y favo­rece la formalización de la economía. Los recur­sos públicos pueden, en este sentido, conver­tirse en una palanca de desarrollo, a condición de que se direccionen hacia las obras de infraes­tructura y el estímulo a la producción.

Para que nuestro país supere el atraso y la pobreza en el mediano plazo es ineludible intro­ducir cambios de fondo en los criterios de ela­boración del presupuesto, algo a lo que muchos sectores políticos opondrán una dura resisten­cia.

Un presupuesto equilibrado limita el poder discrecional que estos tienen sobre el gasto público, incluso en años electorales, cuando suelen registrarse verdaderos carnavales con los fondos del Estado. Privarle del uso y abuso de los recursos públicos sería como cortarle una de las patas a una clase política que sustenta su posición en el prebendarismo y el clientelismo. Es de esperar que las autoridades insistan en evitar los despilfarros y buscar una mayor efi­ciencia en el sector público.