El día mundial de acceso a la información obligó a una reflexión, más que necesaria, vital para la democracia: la consagración en el Paraguay de la obligatoriedad del acceso a la información pública, con décadas de atraso con relación al mundo democrático occidental, y, hay que recalcarlo, con décadas de atraso al mandato de nuestra Constitución Nacional, para que todos los ciudadanos tengamos derecho a tener acceso a la información en todos los ámbitos de la actividad pública; sin duda, aunque no nos demos cuenta aún del valor de esa herramienta, aunque no tomemos conciencia, es uno de los puntales esenciales de la democracia y que ha servido a las sociedades democráticas para el progreso y el control de los administradores públicos, para el control total de las administraciones oficiales, con participación de toda la ciudadanía. Es decir, asumir a cabalidad que el verdadero contralor de la gestión pública es el pueblo todo, la ciudadanía, sin discriminación ni sectarismo.

No es casual que sea uno de los derechos democráticos que estableció la Constitución del 92 para modernizar la legislación nacional con respecto a los derechos de los ciudadanos y a las obligaciones de los gobernantes, que más tiempo tardó en tener "legislación" que lo hiciera real y aplicable, más allá del mandato constitucional. Un principio constitucional que no esté legislado y garantizado no sirve para nada.

Efectivamente, el Artículo 28 –del Derecho a informarse– estableció que "Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime". Y "Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo".

A pesar de que muchas organizaciones nacionales e internacionales presionaron para que el derecho "abstracto" de la Constitución se convirtiera en derecho concreto, es decir, a que los poderes públicos obedecieran el mandato constitucional y promulgaran la ley que "regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes, a fin de que este derecho sea efectivo", pasaron siete presidentes y siete legislaturas sin que los poderes del Estado aceptaran el mandato y promulgaran la ley de marras para garantizar el derecho constitucional.

Hay que reconocerle a este gobierno que tuvo el coraje para acatar la Constitución, ya que se trata de un derecho que habilita a todos los ciudadanos a ser auditores de su gestión. Y eso implica el compromiso de estar expuestos, como corresponde, al control público, la única vía para combatir a fondo la corrupción. Es decir, la voluntad oficial de transparencia y de someterse al control ciudadano. Lo que ha faltado durante todo el anterior proceso durante el que sucesivos gobiernos han escamoteado la información pública a la ciudadanía, violando, de alguna forma, al ignorarlo, el mandato de la Constitución.

Los mismos legisladores que tuvieron el mandato y proyectos de ley que terminaron en las papeleras, los comunicadores que no fueron lo suficientemente insistentes, los dirigentes políticos y las organizaciones sociales que olvidaron este mandato clave de la Constitución para garantizar el control ciudadano, pecamos por omisión, por irresponsabilidad, por ignorancia o por complicidad.

Y tal vez falta todavía mayor difusión del sector público y privado, como la que se desplegó en este importante aniversario, para que la ciudadanía participe activamente como "contralora" nacional de la República, que es de lo que se trata, pues hay que controlar también a las instituciones contraloras del Estado. En este sentido va a ser clave que esta difusión masiva no sea circunstancial sino sistemática. Es necesario que los ciudadanos asuman ese rol; sobre todo en nuestras circunstancias políticas electoralistas, en que la información se disfraza y se envasa de acuerdo a las tendencias políticas de los medios y los profesionales.