Una de los principales desvelos de un gobierno debe ser la suerte de los trabajadores. La actual administración del Poder Ejecutivo ha dado muestras de que el asunto figura en lugar destacado de su agenda.

Se pueden mencionar en este sentido numerosas medidas administrativas y la gestión por dotar de capacitación a los jóvenes sin ocupación, el control del cumplimiento efectivo de las normas de protección a los que trabajan y la promoción de las personas que laboran en áreas claves con el pago de becas para mejorar su formación académica. Esto además de buscar mayor dignidad de los que ganan el salario mínimo mediante la ley del ajuste periódico del sueldo básico para proteger la capacidad de pago del asalariado común.

Es también esta administración gubernamental la que apadrinó la creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para que una secretaría del Estado se ocupe no solo de administrar la situación de los que laboran y sus relaciones con la patronal, sino que se encargue de la protección social de los mismos y sus familias y de promover nuevos empleos y sostener la ocupación de más personas. El corto tiempo de existencia de este nuevo ministerio muestra cuán útil es para amparar a la fuerza del trabajo y promocionarla como corresponde.

Una de las iniciativas más novedosas y productivas en ese sentido ha sido la creación de las ferias de trabajo promovidas por la Dirección General de Empleo de dicha secretaría. En esa actividad se encarga de facilitar el encuentro entre las personas sin ocupación y las empresas que requieren el concurso de nuevos dependientes y ayuda a la contratación de nuevos empleados en las especialidades que necesitan. Por los resultados que presenta, las cada vez más frecuentes ferias de trabajo demuestran la efectividad del proyecto tanto para empleadores como para postulantes.

La modificación del Código Laboral para establecer un reajuste automático del salario mínimo vital se inscribe dentro de la política gubernamental de cuidar la economía del trabajador y procurar su bienestar y el de su familia. Fue el Poder Ejecutivo el promotor de esa reforma legal para que no sea necesario que el aumento del costo de vida llegue al 10% para alzar el sueldo a fin de devolverle capacidad de pago a las asignaciones de los asalariados, situación que hacía que siempre fuera el trabajador el que recibía el peor golpe de la inflación de precios.

Otra de las actividades de trascendencia en el orden legal y el amparo de la fuerza de trabajo es la tarea que está realizando el Gobierno a través del citado ministerio en el control del cumplimiento de las leyes laborales por parte de los empleadores. En declaraciones recientes, el viceministro del Ministerio de Trabajo dio a conocer cifras que indican el escaso apego de un sector de la patronal en aceptar y cumplir las normas existentes. Indicaba el funcionario que el 50 por ciento de las empresas que fiscalizaron estaban en infracción porque no cumplían las mínimas disposiciones establecidas por el Código Laboral, es decir, no pagaban a sus dependientes el salario mínimo y, obviamente, tampoco los inscribían en el Ministerio del Trabajo ni en el seguro social obligatorio con las correspondientes asignaciones de protección al empleado.

Por eso no es de extrañar las palabras del ministro de Industria y Comercio en la reciente inauguración oficial de la Expo. En su alocución en representación del Gobierno, el secretario de Estado solicitó a los empresarios allí presentes erradicar el "trabajo esclavo" o informal y cumplir las leyes del Trabajo. Agregó, entre otras cosas, que ya no basta con tener la mejor carne, ya que "nos van a juzgar si todos nuestros empleados de la cadena están registrados en el IPS…".

Las expresiones del ministro Gustavo Leite en la fiesta más importante de la ganadería, industria, agricultura, comercio y servicios son un contundente llamado no solo a cumplir la ley, sino a adecuarse a las exigencias de un mundo cada vez más atento a proteger el medio ambiente y los derechos de las personas.

Pero sobre todo expresan sin posibilidad de confusión alguna la sensibilidad social que caracteriza al Gobierno Nacional y su afán de dar protección a la gente que trabaja y produce. Y que el amparo y la promoción de los trabajadores forman parte importante de su política como prioridad de gobierno.