El viceministro de Trabajo refirió que, en promedio, la mitad de las empresas fiscalizadas sobre el cumplimiento de las leyes laborales está aplazada, porque no cumple el pago del salario mínimo exigido por la ley laboral. También señaló que hay otras violaciones legales que muestran el escaso cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas con sus trabajadores, que no son ninguna novedad, pero que solo ahora se conocen gracias a la tarea que realiza el Ministerio de Trabajo.
El funcionario detalló que en lo que va de este año, a raíz de las fiscalizaciones que realiza la cartera estatal, se registraron en las empresas infracciones de diferentes normas del trabajo por más de 14.000 millones de guaraníes, lo que equivale a 7.000 salarios mínimos actuales.
Obviamente, si tales empleadores no están abonando el salario mínimo legal tampoco están cumpliendo con el pago del aporte obrero patronal al Instituto de Previsión Social y es probable que tampoco lo hagan con el aguinaldo anual y las vacaciones pagas en los términos que establece el Código Laboral.
También señala el viceministro que las empresas encontradas en falta mayoritariamente son los hoteles, las empresas gastronómicas, el sector de transporte y de servicios de seguridad. Resalta que hasta la actualidad se tienen 22 empresas de seguridad que fueron sancionadas por incumplimiento de las leyes del trabajo.
Para evaluar la tarea realizada por el ministerio en ese campo, es bueno puntualizar que en el 2015 las multas registradas por las infracciones a dichas normas fueron por 757 millones de guaraníes, que en el 2016 treparon a G. 13.388 millones y que en lo que va de este año ya superaron los 14.000 millones de nuestra moneda.
Lo que revela el desempeño que está realizando el Ministerio del Trabajo en ese punto y que a medida que se extiende el control se encuentran más casos de incumplimiento laboral de las compañías.
Es doloroso constatar que en pleno siglo XXI, con todos los avances en las leyes sociales en el mundo entero y el progreso que se ha alcanzado en la información y en el conocimiento de las leyes, en nuestro país estemos todavía viviendo un régimen de semiesclavitud en un 50 por ciento de las firmas controladas, que es un índice revelador del actuar de las patronales.
Eso demuestra también que en el Paraguay nunca antes las autoridades del área ejercieron un buen control en el área del trabajo y que, por esa culpable omisión, son corresponsables de tamaña irregularidad.
La constatación del Ministerio del Trabajo indica que un fuerte contingente de entidades empresarias ha hecho un floreciente negocio de la irregularidad y el chantaje a sus trabajadores, así como probablemente esté lucrando también con el incumplimiento de las leyes impositivas y otras obligaciones legales, en el sistema vicioso de la pasión por la ilegalidad.
Ejemplos hay de sobra de estas prácticas irregulares con cadenas enteras de organizaciones para delinquir, burlando los pagos impositivos a través de tramoyas contables, como ha descubierto por valor de millones de dólares la Subsecretaría de Estado de Tributación en los últimos tiempos.
Felizmente, esa cultura de la trampa y el afán del “pokarê” están siendo controlados por el Gobierno Nacional para tratar de regularizar esas prácticas mediante el castigo correspondiente y el reencauzamiento hacia la legalidad.
La sociedad civilizada de nuestro país no puede aceptar bajo ningún concepto, y menos siendo cómplice haciendo la vista gorda, las irregularidades apuntadas.
Por lo que debe denunciarlas como se hace con los ilícitos y apoyar a las autoridades e instituciones que procuran fiscalizar el cumplimiento de las leyes y poner fin a las anormalidades, aún dentro de sus precariedades.
Hay que decirlo con todas las letras: el incumplimiento de las leyes laborales no es solamente una transgresión, en el sentido de una violación del orden legal, es sobre todo un robo económico, un fraude, contra la persona del trabajador y sus derechos y, por lo tanto, un delito contra una porción importante de la sociedad.
El delito, sea cual fuere su índole, no permite medias tintas y no merece otra actitud que el repudio categórico y la consiguiente lucha para su eliminación. A menos que uno quiera formar parte de su lamentable cadena de cómplices como encubridor de la delincuencia.

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