Durante décadas, el Paraguay ha tenido una franja importante de su población en la pobreza, tanto en la ciudad como en el campo. Contribuyeron para ello hechos históricos como las dos guerras internacionales en apenas 62 años que diezmaron nuestra población y aniquilaron la producción. Además de la desacertada política de los gobiernos que no invirtieron lo suficiente para superarla razonablemente.
Por ello, a pesar de sus riquezas naturales envidiables, por mucho tiempo nuestro país ha sido invariablemente uno de los más pobres del continente, con un gran porcentaje de ciudadanos que vivían en la miseria. Debido a las escasas posibilidades de progreso personal y las mezquindades de la politiquería, millares de paraguayos han tenido que emigrar a otros países en busca de mejores horizontes, y por ello tenemos a generaciones enteras de compatriotas y sus descendientes que quedaron a residir en países vecinos y otros más lejanos.
En todo ese tiempo, la educación pública era una de las cenicientas, igual que la salud estatal, que era proverbial por sus carencias y falta de buenos servicios. No había alimentación escolar en las instituciones educativas ni medicación en los hospitales públicos. Y no se hable de posibilidades de viviendas para los más necesitados, que no existían, ni ayuda monetaria para los ancianos o las poblaciones más vulnerables, que brillaban por su ausencia.
Felizmente, ese lamentable panorama de carencias públicas hoy va formando parte del pasado y el esfuerzo del Estado está revirtiendo esa situación extrema, que está desapareciendo mediante el trabajo denodado de instituciones y personas, gracias a la gestión del Gobierno Nacional.
Eso porque de un tiempo a esta parte, la inversión social, el gasto del dinero público en la gente más vulnerable forma parte importantísima de la preocupación estatal. Hay mucho camino por andar en esa materia porque los requerimientos son enormes, pero los avances son notables y están produciendo los beneficios que se esperan de ellos.
Actualmente, más de 140 mil familias muy pobres de todo el país, que abarcarían 700 mil personas haciendo el cálculo de 5 individuos por familia, reciben dinero a través del programa Tekoporã, envían a sus hijos a las escuelas y se hacen atender en los centros sanitarios, condición para recibir la ayuda monetaria. La idea es que esta gente, pasado un tiempo, pueda salir de su situación y alcanzar mejores niveles de vida mediante las oportunidades que se le ofrece.
Uno de los campos sociales donde más se ha avanzado es en el de las personas de la tercera edad, que ya no trabajan y se encuentran en estado de pobreza. Datos recientes indican que son 178 mil los adultos mayores que reciben ahora una ayuda monetaria del Estado para solventar sus gastos en su situación de extrema vulnerabilidad. No parecen cifras muy altas, pero el hecho es que pocos años atrás no se atendía a nadie o a muy pocos, por lo que el progreso es evidente.
Otro de los sectores donde ha habido un indiscutible avance es el de la oferta de viviendas para los carenciados. Desde el 2013 la Senavitat ha construido y entregado más de 20 mil casas para otras tantas familias y espera llegar para este fin de año a 30 mil, cifras históricas nunca antes alcanzadas ni siquiera en décadas por ninguna administración gubernamental.
A pesar de las carencias presupuestarias, el Gobierno invierte cada vez más en lo social, como puede apreciarse en cifras de reciente divulgación.
Según el reporte del Ministerio de Hacienda, al finalizar mayo, la inversión social alcanzó 7,2 billones de guaraníes, lo que indica un aumento del 5,9%, respecto a lo invertido en el mismo período del 2016, y que representa un alza del 20,8% comparado con el 2015. De esta suma, de cada 100 guaraníes que el Gobierno Central gastó en el área social, 32 guaraníes se destinaron a la educación.
Y lo más importante. De todo el presupuesto que ejecutó el Ejecutivo en los primeros cinco meses de este año, el 54% se destinó a la inversión social, lo que no es poca cosa.

Que se haya gastado en partidas de interés social más de la mitad de lo ejecutado indica a las claras que la prioridad del Gobierno a la hora de utilizar el dinero público es la gente más necesitada en educación, salud, vivienda, manutención. Lo que significa sin duda que se está yendo por el mejor camino