El mentado caso del joven Mauricio Benítez, muerto por una bala disparada por un guardia privado de una conocida empresa de seguridad, ocurrido el jueves pasado en la zona del Puerto Botánico, nos interpela como sociedad y reaviva el debate sobre las empresas dedicadas a brindar este tipo de servicios.

En la aparentemente cobarde y desmedida reacción de los guardias no solo se ilustra un procedimiento negligente, que de por sí ya es grave puesto que el resultado de la operación desembocó en la muerte de un joven atormentado por la adicción, sino también una escasa preparación técnica así como un cuestionado perfil sicológico.

El caso ocurrido con la firma Protek debe llevarnos a analizar como sociedad todas las aristas de una situación que es potencialmente, y se demuestra con este caso, una amenaza real. Resulta irónico que la ciudadanía deba cuidarse más de aquellos que ejercen la fuerza –sea pública o privada– que de los propios delincuentes.

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Y en esta tarea de velar por los intereses de la ciudadanía, el Estado debe ser el primer guardián en cuidar desde el inicio, desde que son aspirantes, aspectos claves como la preparación, el perfil sicológico y el entrenamiento conveniente. Y, naturalmente, un aspecto clave que no se puede soslayar es el marco regulatorio en el que operan estas empresas que tienen a la seguridad como un negocio.

Sin dudas que los aspirantes a custodios privados deben ser personas maduras y conscientes de lo que supone un oficio como este, por un lado peligroso, en el que se arriesga la propia vida o se expone al peligro la del otro. El perfil del futuro guardia debe basarse en los valores y en el compromiso asumido con aquel que paga por el servicio.

A diferencia de la fuerza pública, cuya motivación no puede prescindir de la tan mentada vocación de servicio, la fuerza privada es requerida y está solventada por medio de un pago consensuado, con mayor razón se debe alegar profesionalismo y trabajar para minimizar al extremo la posibilidad de efectos colaterales.

Por esto es necesario insistir en la selección y la formación, para que las empresas dedicadas a este oficio cumplan con rigor la etapa previa, la instructiva, en la que el aspirante adquiere la destreza y el entrenamiento acorde para ser confiable en su trabajo. Hay que poner énfasis en las aptitudes físicas, la prueba de conocimiento como en cualquier unidad pública de su tipo, el reconocimiento médico y, lo más importante, severidad en la selección del personal en base a los exámenes psicotécnicos. Solamente una vez que cumpla con todos estos requisitos, la empresa podrá poner en actividad al candidato.

Pero colocar en las calles a la fuerza más entrenada y equilibrada no es una tarea que solamente incumba a los negocios de este rubro, como empresas que aspiran al lucro buscarán también su conveniencia, pero lo que no pueden hacer es saltarse las normativas. Y es allí que el Estado cobra un rol fundamental: debe realizar controles periódicos y rigurosos a todas las empresas dedicadas al rubro. De tal suerte a que estas se ajusten a los protocolos y deje constancia que la única fuerza autorizada para intervenir con armas de fuego, cumpliendo ciertos parámetros, es la pública. Es decir, la Policía Nacional es la única autorizada, por norma constitucional, a emplear la fuerza, bajo ciertos requisitos.

El suceso ocurrido el jueves pasado es gravísimo e intolerable y debe llamarnos a todos, Estado y sociedad, a tomar acciones concretas y correctivas para evitar que otra nueva tragedia como la de Mauricio vuelva a suceder. No hay que omitir que, en definitiva, el trabajo que realiza un guardia de seguridad debe basarse en la humanidad, la tolerancia, el respeto y el cuidado por los bienes y la integridad de las personas.

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