La situación que atraviesa Brasil es aleccionadora en varios sentidos y vale la pena dedicarle análisis y reflexiones. Hace pocos años atrás, Brasil se colocaba como la quinta economía mundial, sobrepasando a Inglaterra, empujado por sus altos y sostenidos índices de crecimiento. Sus resultados en la lucha contra la pobreza extrema despertaban la admiración de otros países, ya que millones de personas habían logrado salir de la miseria.

Entre tanto, estas conquistas económicas y sociales tenían su correlato en una diplomacia activa, que reclamaba un nuevo papel en el escenario internacional, apostando a la consolidación de ámbitos como el BRICS –el conjunto de economías emergentes– y llegando incluso a intervenir en debates sobre África y Medio Oriente.

Parecía que había tocado finalmente la hora para el gigante sudamericano cuando se produjo un duro despertar, un tropezón que llevó a esta gran nación, al menos de momento, de narices contra el suelo. Un encadenamiento de escándalos de corrupción –uno más grande que el anterior– sin precedentes en la historia brasileña salpicó literalmente a toda la clase política e hizo polvo la estabilidad tan arduamente construida. El capítulo más reciente –porque quizás no sea el último– involucra nada menos que al actual presidente, quien reemplazó a Dilma Rousseff al frente del Ejecutivo brasileño.

Hoy Brasil vive sumido en una profunda crisis económica, política e institucional sin que se vislumbre una salida clara en el corto plazo. Se trata de una lección evidente: por grandes que sean los logros y por importantes que parezcan las metas alcanzadas, tarde o temprano todo se derrumba si no existe transparencia e integridad en la gestión gubernamental.

La corrupción corroe las instituciones y se transforma en un ancla que impide el progreso de las naciones. La expansión de la economía y el desarrollo social solo serán duraderos si se destierra la corrupción y la venalidad de la administración pública y de la vida política. Esto no se consigue, naturalmente, con exhortaciones morales o con predicaciones éticas. Es fundamental instituir mecanismos concretos y eficaces que permitan el control social, ciudadano, de los recursos del Estado y de la gestión de los bienes y servicios públicos.

Lo que gasta, percibe, gestiona, contrata y subsidia el Estado debe estar a la vista de todos, con facilidad y libertad plena de acceso. El Paraguay ha dado pasos cruciales en esa dirección en los últimos años. Desde portales en internet para acceder a información detallada referente a los entes del Estado hasta sitios para realizar denuncias por casos de corrupción o de planillerismo en el sector público, pasando por el firme impulso a los concursos de méritos y aptitudes para las incorporaciones de funcionarios o empleados.

Estos no son bellos discursos destinados a "endulzar" los oídos de eventuales votantes. Son acciones y avances efectivos orientados a combatir frontalmente la corrupción mediante la transparencia y a cambiar el relacionamiento del ciudadano con el Estado que le pertenece y del que forma parte.

Prueba de que el país avanza en este sentido en la senda correcta es el interés manifestado por la Junta Uruguaya de Transparencia y Ética Pública en las herramientas aplicadas en las políticas de transparencia e integridad en el Paraguay. Representantes de este organismo, reunidos con los responsables de la Secretaría Nacional Anticorrupción, señalaron la posibilidad de que Paraguay "exporte" los modelos que se implementan a nivel local.