El Congreso Nacional, por mayoría de sus dos cámaras, se ratificó en su sanción inicial otorgada al proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, rechazando el veto parcial que el Poder Ejecutivo había presentado, sobre todo a los aumentos salariales de varias instituciones públicas.

La objeción parcial del proyecto de presupuesto se fundamenta en la necesidad de cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Finalmente, la medida del Ejecutivo no tuvo aceptación y fue rechazada por ambas cámaras del Congreso.

Primeramente, el veto del Ejecutivo fue analizado por la Cámara de Diputados, donde una mayoría de 43 legisladores decidieron dejar en vigencia el artículo 1 del plan de gastos, en el que se encuentran estipulados los aumentos para varias entidades. Además, se aceptó la objeción presidencial en lo que respecta al artículo 59, referente a los descuentos salariales para funcionarios públicos por deuda y quedó finalmente en 50%.

Esta postura también fue acompañada por la Cámara de Senadores, por lo cual se mantienen los aumentos para docentes (4% sobre el 12%), personal de blanco (30%) y entidades descentralizadas como la Industria Nacional del Cemento (12%) y la Administración Nacional de Electricidad (G. 600.000 por funcionario que gane menos de 11 millones).

De esta manera, en el 2018 entrará a regir el proyecto presupuestario aprobado por el Senado, cuyo monto asciende a G. 73,5 billones (US$ 13.207 millones). Al rechazarse el veto parcial del presidente de la República, Horacio Cartes, queda vigente lo sancionado por el Congreso.

Al respecto, el senador Fernando Silva Facceti justificó que las mejoras salariales corresponden, ya que es un reclamo de la ciudadanía, como el sector de los docentes, el de la salud, entre otros, por lo que acompañó el rechazo al veto parcial.