El Banco Citi Bank, parte del Citigroup, realizará desde hoy reuniones con los inversionistas interesados en los bonos del Tesoro con el objetivo de conseguir los 558 millones de dólares que el Gobierno Nacional requiere para sostener el margen de inversión en obras públicas que viene realizando. A la comunidad internacional no le preocupa la resistencia que hay desde sectores de la oposición del Parlamento y porque creen que eso no le quita capacidad de pago ni legalidad a las emisiones.

De las reuniones a realizarse en los Estados Unidos, que se extenderá hasta mañana, participarán como representantes del Poder Ejecutivo paraguayo, el ministro de Hacienda, Santiago Peña y su comitiva, quienes recibirán las propuestas de los inversionistas interesados. Mientras que el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, viajó a Londres para tratar de colocar los bonos.

Desde el Ejecutivo confirmaron que 500 millones de dólares se buscará de los captores de la bolsa de valores de Estados Unidos y Europa, mientras que los 58 millones de dólares sobrante se ofrecerá en el mercado local por medio de la bolsa de valores y productos de Asunción y el BCP.

Sin embargo, las emisiones de bonos con el grupo que se presentará entre hoy y mañana dependerá principalmente de las condiciones del mercado financiero y del interés que expresen los inversionistas al término de las reuniones. Desde el Gobierno se busca obtener la menor tasa de interés por las emisiones, lo que se viene reduciendo paulatinamente con cada disputa económica en la bolsa.

FINALIDAD.

Según los informes del Ministerio de Hacienda, de los 558 millones de dólares, el 55% será utilizado para repagar deuda anterior, mientras que el 45% restante se destinará a inversión pública. De esos 253 millones de dólares que representa el 45% del total de bonos a adquirir, el 33% será destinado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para encarar nuevos proyectos viales y dar continuidad a las que están en proceso de ejecución que tienen como plazo de culminación éste año.

Destacó que los legisladores que quieren recurrir a instancias internacionales para denunciar la ejecución de los bonos tienen absoluta libertad de hacerlo, pero las posibilidades que tengan éxito en esa iniciativa son remotas tanto en la negociación como en el pago de bonos anteriores. Descartó que éste escenario esté afectando la imagen o calificación internacional del país, ya que el Gobierno Nacional hizo las cosas conforme a derecho.

Detalló que cuando el Congreso Nacional terminó por aceptar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto del Presupuesto General de Gastos 2017, entró directamente 100% en vigencia el presupuesto del 2016 (presupuesto vigente) donde está establecido un tope máximo de deuda a ser contraída a través de bonos soberanos, así como también las partidas previstas para la devolución del capital e intereses correspondientes a ellos.