• Por Mary Williams Walsh

Los puertorriqueños tienen amplia experiencia con los huracanes, pero la tormenta que llegó ahí el 6 de setiembre trajo consigo un nivel añadido de ansiedad. Los extremos apuros financieros de la isla han dejado debilitadas a algunas instalaciones públicas esenciales, desde plantas eléctricas hasta muros de retención, debido a años de recortes al mantenimiento.

"No es un evento que esté ocurriendo en los Países Bajos, donde están listos para todo y tienen una economía fuerte", dijo Miguel A. Soto-Class, presidente del Centro para una Nueva Economía, un grupo de investigación de la isla. "Este es un evento que está sucediendo en una isla muy pobre que ha estado en recesión durante los últimos diez años".

Puerto Rico buscó eficazmente una protección por bancarrota en mayo, pues soportaba una carga de 123.000 millones de dólares por deuda de bonos y pensiones sin fondos. Su caso se maneja en la corte federal de Estados Unidos, según una nueva ley especial, llamada Promesa, pues la ley de bancarrota existente excluye a Puerto Rico.

Con Promesa, las finanzas de Puerto Rico deben ser supervisadas por una junta federal hasta que se pongan las cosas en orden, un proceso que se calcula que tomará años. Las relaciones entre la junta y el gobernador electo Ricardo Roselló ya eran tirantes incluso antes del huracán Irma, pues este aceptó primero un plan de austeridad de cinco años, pero luego se echó para atrás y amenazó con ir a prisión antes que aceptar el paquete completo.

El gobernador se ha negado en particular a despedir a burócratas y a reducir las pensiones de empleados gubernamentales retirados en un 10% en promedio. La junta de supervisión fiscal demandó al gobernador, y solicitó a la corte que le ordene implementar el plan completo de austeridad. Se suponía que los despidos comenzarían el primero de setiembre.

A pesar de la disputa legal, la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, declaró el 6 de setiembre que la junta estaba "trabajando estrechamente con Rosselló para coordinar el apoyo a Puerto Rico con las consecuencias de la tormenta".

"También hemos acudido al gobierno federal para activar el Título V de Promesa, que permite a la junta trabajar en coordinación con las agencias para acelerar la entrega de subsidios y préstamos que sigue a un desastre", dijo Jaresko.

El 5 de setiembre, Roselló pidió a los residentes trasladarse a los refugios contra huracanes y comenzaron las evacuaciones de las costas este y norte de la isla, que tienden a inundarse. Los tenderos de la isla dijeron que habían vendido todas las provisiones básicas y que nunca habían visto que los habitantes se prepararan tanto para una tormenta.

Hacia el este de Puerto Rico, otra jurisdicción con problemas financieros, las islas Vírgenes de Estados Unidos, también estaban cerrando todo. El gobernador Kenneth Mapp ordenó un toque de queda de 36 horas para reducir el riesgo de lesiones y saqueos.

Las islas Vírgenes de Estados Unidos tienen una población mucho menor que Puerto Rico, pero en términos per cápita su deuda es mucho mayor, e incluso antes del huracán ya estaban batallando económicamente. Mapp dijo que por ningún motivo habrá incumplimiento, y ha sostenido que el territorio está intentando revertir la crisis de confianza surgida después de la bancarrota de Puerto Rico.

El presidente Donald Trump declaró en estado de emergencia tanto a Puerto Rico como a las islas Vírgenes, y le dio autoridad a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para emplear personal y recursos para aliviar la situación. La declaración significa también que el gobierno federal pagará el 75% del costo de proporcionar servicios de seguridad pública y limpieza de los escombros.

El prospecto de contar con ayuda federal adicional posterior a la tormenta también podría mejorar la economía de las islas y aliviar su sufrimiento financiero, por lo menos temporalmente.

En San Juan, Soto-Class dijo que más de 300.000 puertorriqueños ya estaban sin electricidad en la tarde del 6 de setiembre, incluso antes de la llegada del huracán, y que aunque él tiene un generador para proporcionar electricidad de respaldo, la mayoría de los 3,4 millones de habitantes de la isla no cuenta con uno.

"Es una terrible espiral hacia abajo", dijo sobre el deterioro de las instalaciones públicas. "Cuando se va la electricidad, no hay agua, pues el servicio de agua es el cliente número uno del servicio de electricidad. Tienen unos cuantos generadores propios, pero en algún momento habrá un segundo servicio sin funcionar. También pueden perderse las comunicaciones", puesto que los proveedores de telefonía celular de la isla funcionan con la red eléctrica pública.

Dijo que esta estaba especialmente en riesgo porque se había detenido la poda de árboles para ahorrar dinero, y las ramas estaban cayendo sobre los cables.

Pero mientras continúa el jaloneo sobre cuánto deberá pagar finalmente la isla a sus acreedores, la tormenta podría añadir una nueva complicación.