La ciudadanía está ofuscada y solo quiere ver rodar cabezas. Tiene razón de estar molesta y perder los estribos. Es que no se puede entender cómo es posible que la Ande no realice las previsiones anuales de contratación de potencia suficiente para evitar cortes como los que se están dando.

La evolución del consumo anual de los sectores residenciales, comerciales industriales son totalmente comprobables y previsibles. Existen datos estadísticos concretos de la demanda de aparatos electrodomésticos que pueden servir de indicadores para determinar la evolución del consumo eléctrico. La Ande no puede recurrir a excusas baladíes para justificar su deficiente servicio, recomendando a los usuarios comunicar a cada momento cuántas planchas, duchas eléctricas, aires acondicionados, computadoras, calentadoras o secadores de pelo encenderán a los efectos de poder prever el consumo energético.

Los 6,2 millones de paraguayos estamos pagando carísimo un servicio eléctrico deficiente, de permanente “pestañeo”, que termina por reducir la vida útil de nuestros artefactos domiciliarios, comerciales o industriales. Es inaudito, porque Itaipú, con 20 turbinas, tiene una capacidad de producción de 14.000 MW (megavatios), de los cuales Paraguay usa apenas el 5% para cubrir el 95% de su consumo interno (con una turbina). El resto va todo al Brasil, con el que cubre el 24% de su demanda. Es decir, Paraguay le vende la electricidad que no utiliza a Brasil.

En el caso de Yacyretá (20 turbinas), tiene una potencia de 3.200 MW, de los cuales el 95% va a la Argentina para cubrir el 15% de su consumo interno y el 5% restante viene a Paraguay. Vale decir, transferimos a la Argentina el 45% que no utilizamos. El país recibe una compensación económica de ambos países por esta razón. Brasil y Argentina transfieren al año aproximadamente US$ 120 millones y US$ 140 millones por energía cedida, respectivamente, lo que equivale a US$ 260 millones al año. Sin embargo, Brasil podría triplicar su aporte este año, en virtud a un acuerdo binacional.

Es oportuno mencionar estos royalties porque este sufrimiento de los paraguayos, por los cortes permanentes de la energía eléctrica, tiene mucho que ver con el manejo imprudente, ineficiente y poco claro de esos fondos en los últimos 15 años, esencialmente. En la transición, desde la década de los 90,  poco o nada han hecho los sucesivos gobiernos colorados en reinvertir esos recursos para mejorar la infraestructura de distribución energética del Paraguay del siglo XXI. Por eso, la red hidroeléctrica no está a la altura de la demanda nacional. En todo ese tiempo, los colorados se ocuparon de recortar sistemáticamente el presupuesto global de inversión para poder cubrir los gastos de la burocracia estatal, principalmente por el crecimiento prebendario y descontrolado del funcionario público.

Esta realidad no debería ser una excusa para las actuales autoridades responsables de la política energética, pues no pueden cruzarse de brazos, culpar a los gobiernos anteriores y ver cómo la ciudadanía es castigada por la ineficiencia estatal. En poco tiempo, Fernando Lugo habrá cumplido dos años al frente del poder. A esta altura él y sus colaboradores no pueden ya desentenderse y salir a decir “yo no sabía” o “yo heredé” el problema. Deben actuar ya, cumplir las promesas de cambio y revertir este estado de cosas. Es más, para evitar sospechas y ser acusados de corruptos después, deberían incluir los royalties en el Presupuesto de Gastos de la Nación, tanto los previstos para inversiones como los estipulados para el gasto social.

Toda esa masa humana que votó en abril del 2008 quiere resultados y no va a tolerar más excusas porque ya está cansada de tener que vivir, al pie de dos grandes represas hidroeléctricas, a oscuras y sin agua.