- Por Augusto dos Santos
- Analista
Las guerrillas tuvieron una etapa cuyo simbolismo era la bandera de lucha contra modelos de opresión y dictaduras desde los 50 hasta entrado los 80 en el continente. Una vez que los países se abrieron a los procesos democráticos, estos movimientos armados perdieron todo piso para sobrevivir con alguna (ya no decimos razón) mínima justificación política.
El EPP no tiene fundamento político alguno, atendiendo su propio método de sobrevivencia, basado en "cazar" seres humanos para canjearlos por dinero y sobrevivir cómodamente con el dinero del "impuesto" a los dueños de establecimientos de la zona. Por lo tanto, un primer error en el abordaje – imposible de admitir en personas con alguna formación– es que no estamos ante un fenómeno equiparable a los movimientos armados sesentistas o las propias Farcs, sino frente a un conjunto de hombres, refugiados en el monte, parapetados detrás de sus cautivos y cuya ideología operativa es el terrorismo.
(Por eso resulta tan torpe el razonamiento de muchos cuando ensayan que el EPP comete errores al secuestrar a gente trabajadora de la zona "porque van a perder la simpatía del entorno. Error: ellos no quieren la simpatía del entorno, ellos quieren el miedo del entorno).
LOS RIESGOS DEL PLAN BAJAC
Si se concretara un plan como lo plantea el ministro de la Corte, Óscar Bajac, tal como se publica en la prensa, de dialogar con el EPP, obviamente para buscar su desmovilización, sería una jugada sumamente peligrosa porque estaría blanqueando la situación de delincuentes dedicados al terrorismo y colocándolos en posición de negociar con el Estado Paraguayo. Con el perdón de la exageración; nos expondríamos luego a que los motochorros formen una " aso" y planteen una negociación a la Fiscalía General.
El diario La Nación produjo la semana pasada un decálogo interesante sobre aspectos poco claros de un eventual "planteo de paz" con los epepistas cuyo contenido vale la pena analizar. Rescatamos cinco puntos de los allí consignados.
1) En primer lugar menciona que la actitud de la alta autoridad nacional transmite un mensaje de desaliento en la lucha contra el EPP.
Efectivamente. Un planteo de equiparar al EPP a una entidad capaz de establecer un diálogo con el Estado es un golpe a la lucha contra el EPP. ¿quién empuñará las armas con confianza ante personas que pudieran estar siendo liberadas por algún perdón de algún proyecto judicial o político?
2) Si se plantea un diálogo podrían reconsiderarse diversas causas que afectan a terroristas del EPP.
Un foco histórico de cualquier proceso de paz es la amnistía para ciudadanos que hubieran sido detenidos por causas vinculadas a la situación que se desea superar mediante un pacto de paz. A partir de ello se tendría a los hoy procesados y condenados en libertad.
3) Abrir un diálogo significa declarar al EPP en estado beligerante, lo cual le otorga un rango de ejercito formal con las garantías que ofrecen las leyes de guerra.
No es tan fácil como parece. El que un estado se siente a negociar sobre crímenes que se cometen en su territorio, otorga a los responsables de tales crímenes un status que va mucho mas allá del "común de los delincuentes". Como eso no esta pautado en ningún ordenamiento legal, se supone que de lo que estaríamos hablando es de otorgarles un status beligerante, o sea, un rango de ejercito en posesión de una porción de territorio que se enfrenta a las FFAA de nuestro país.
4) Al declararse un diálogo y colocarse al EPP como interlocutor válido con el Estado, se cancela su condición de terroristas y pasan a ser sujetos de derecho internacional y se someterán solo al derecho de guerra.
5) Lo políticamente preocupante es que se asuma que el asunto de “la paz” con el EPP puede ser una herramienta de campaña de alguna sector político. En primer lugar porque es muy difícil que la ciudadanía encuentre plausible tales acuerdos, por lo tanto su rédito es poco probable electoralmente hablando, al contrario.
En resumen, es poco constructivo debatir este tema, peor aún en una etapa electoral. De lo que debería ocuparse la Justicia en este tiempo es de mover todos sus resortes para tener a los delincuentes (llámense EPP o como se llamen) en las prisiones del Estado. No hay ni se percibe en la sociedad paraguaya un ánimo de perdonar al EPP por sus acciones, no hay ni se percibe en la sociedad paraguaya una intención de negociar sobre el dolor de la historia de maltratos queda sufrido por parte de esta organización. Hablar de un diálogo suena forzado y poco digerible.