- Por Dany Fleitas
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En el artículo anterior consideré, como comunicador, que esta coyuntura generada por el escándalo de la difusión de audios confidenciales es oportuna para un debate nacional a los efectos de definir el modelo de país que queremos. La lógica y la razón nos imponen que todos vamos a estar mejor y protegidos con instituciones sólidas que hagan cumplir las leyes en igualdad de condiciones. Así como estamos vamos camino a la anarquía por la inadecuada reglamentación sobre la difusión de datos que tienen que ver con la intimidad de las personas.
Es que esta cuestión de la "intimidad" va mucho más allá que la simple filtración por la prensa –o en redes– de algunos audios que esta vez afectan a algunos políticos, del sector privado y de la Justicia. Es lógico pensar que por tratarse de figuras públicas, el impacto mediático es importante. Pero qué pasa con el resto de 8 millones de individuos que mañana pueden ser víctimas –o que quizá ya los son muchos– del espionaje y que no tienen la más mínima "influencia" y/o posibilidad de defenderse en los estrados judiciales.
La grabación de conversaciones entre personas, sean de la condición que fueren, es apenas un pequeño eslabón de todo lo que conlleva el mundo de la información confidencial. No se trata solamente de aquella relacionada con la intimidad personal y familiar, sino que es mucho más amplio y tiene que ver con antecedentes judiciales, policiales, historial financiero y cualquier otro dato vinculado a la imagen personal o inclusive con la seguridad misma del Estado. La cuestión es demasiado amplia y acá en Paraguay apenas estamos dando los primeros pasos en el análisis de un sistema sumamente complejo.
La Constitución Nacional, en su Artículo 29, habla "De la libertad de ejercicio del periodismo", y señala que "(…) Los periodistas (…) no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información"; el 28, "Del derecho a informarse", indica que "se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime" y, el 33, "Del derecho a la intimidad", indica: "La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables (…) Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas".
Así como pienso que este mundo de la información privada, y por qué no también la pública, es más amplio que la revelación de unos pocos audios y cruce de comunicaciones, creo que así también existen demasiadas instituciones y personas deberían estar involucradas en un debate nacional para consensuar una reglamentación moderna en la materia. No deben faltar representantes de los tres poderes del Estado, organismos autónomos del Estado, de las telecomunicaciones, de las empresas prestadoras de servicios de telefonía, sectores de la ciudadanía organizados, exponentes de los medios de prensa, periodistas y juristas.
No puede pasar desapercibido en tal sentido el Artículo 30 de la Constitución, "De las señales de comunicación electromagnética", que dice claramente que las autoridades deberán asegurar que los instrumentos electrónicos de acumulación y procesamiento de información pública "no sean utilizados para vulnerar la intimidad personal o familiar y los demás derechos establecidos en esta Constitución". Lo que pasó con la difusión de audios afecta a importantes empresas de telefonía y es demasiado sensible como para pasar por alto. En 1992, al momento de la puesta en vigencia de la nueva Carta Magna, internet daba apenas sus primeros pasos. A esta parte, se ha dado una revolución en las telecomunicaciones. Paraguay cuenta con la Ley Fundamental marco pero no puede seguir con las normas arcaicas –o falta de ellas– en pleno Siglo XXI en que el dominio del mundo descansa en el manejo de la información global a través de plataformas revolucionarias de internet. Aquí, en redes o en la web, cualquiera puede hacer lo que quiere casi sin ningún control y están prácticamente exentos de responsabilidades y obligaciones. En Europa esto está cambiando y la red Facebook misma está introduciendo cambios debido a la necesidad de dar mayor protección a la intimidad de las personas.
Considero, por eso, que están dadas las condiciones para un diálogo multisectorial en el que participen activamente, además de los mencionados, representantes de la Conatel, como ente que regula las telecomunicaciones en el Paraguay; las empresas de telefonía –por obvias razones–, que no solo poseen en su base de datos los números de 8 millones de paraguayos, sino que son los prestadores por excelencia de un servicio sensible como internet, y con más razón porque hoy operan en una plataforma de alta velocidad de transmisión de datos o 4G, de fácil acceso en cada teléfono; los representantes de los canales de TV y las radiodifusoras. Quien guarda, almacena o aloja en su server el "big data", hoy día, es fundamental.
La Carta Magna estableció unos principios generales y un norte, pero, al parecer, el problema se encuentra en la reglamentación o las reglamentaciones sucesivas (dispersas) que se fueron dando. Fuimos ajustando nuestras normas según las circunstancias y según los casos específicos, viendo y atendiendo solamente un árbol en cada caso. Creo que es hora de mirar el bosque para tener un punto de equilibrio en la administración de la información pública y privada, con una ley marco moderna, justa y clara todos. Así, la Justicia deberá ajustarse a estrictos procedimientos a la hora de solicitar información privada de las personas.