• Por ÓSCARA GERMÁN LATORRE
  • ABOGADO

En medio de graves escándalos dentro del sistema de justicia que aparentemente están siendo expuestos por medios de prensa, esta semana resulta absolutamente relevante porque el Senado decidirá si otorga o no el acuerdo constitucional para el nombramiento de la Dra. Sandra Quiñónez Astigarraga como fiscal general del Estado.

Los colorados disidentes anunciaron que no le darán el acuerdo como tampoco lo harían los liberales oficialistas y disientes porque supuestamente no quieren respaldar ninguna decisión del presidente de la República, Horacio Cartes, sin importar que se trata de una persona que en todos los años de labor en la función fiscal ha demostrado probidad, honestidad y valentía, especialmente en la lucha contra Patria Libre y luego contra el EPP y sus desprendimientos.

Ahora bien, está claro que la desesperada iniciativa para incluir en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Senado surge principalmente del Frente Guasu. Aquí ya no se trata de un tema político, sino que se pretende en realidad so pretexto de la falta de transparencia y pluralidad en la integración de la terna por parte del Consejo de la Magistratura aprovechar la coyuntura, lograr el rechazo del acuerdo y evitar que la Dra. Quiñónez pueda iniciar una seria, eficaz e incansable lucha contra el flagelo que representa el secuestro. Sería bueno que los senadores del Frente Guasu den un mensaje inequívoco a la ciudadanía de que no son cómplices de secuestradores y que responderán positivamente al reclamo popular en pro de la seguridad pública que se ha perdido por efecto de estas bandas terroristas.

Son cinco secuestrados por el EPP pero hay que reconocer que la reacción y la capacidad investigativa del órgano de persecución penal (Ministerio Público) han sido ineficientes. No hay resultados y parecería que los investigadores no tienen la menor idea desde dónde iniciar la investigación.

Desde luego, la lucha contra el EPP no es una tarea fácil, pero también exige excluir todo tipo de hipocresías y de pretextos que a nadie convence para otorgar el acuerdo constitucional en una decisión del presidente Cartes, que no ofrece margen de reproche pro alguno.

El Consejo de la Magistratura y el presidente de la República han cumplido sus funciones y es de esperar que los senadores dejen de patotear con cuestiones que afectan la seguridad pública y brinden el respaldo para que esta tragicomedia de la Fiscalía General concluya en la mayor brevedad posible. Los ciudadanos debemos estar atentos porque están jugando con nuestra seguridad.