• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
  • MBA

Hoy día contamos a nivel país con más de 250.000 servidores públicos, distribuidos en las diversas instituciones de los tres poderes del Estado.

Se ha hablado mucho y se lo sigue haciendo, porque tiene razón de ser el dar el verdadero lugar que corresponde a la meritocracia, idoneidad y capacidad de gestión de los mismos que nos permitan alguna vez poder tener una administración pública de calidad comprobada, que toda la ciudadanía anhela, pues a través del pago de sus impuestos y otros tributos, permiten que puedan seguir percibiendo sus salarios y otras retribuciones conexas mensualmente.

Una deficiencia estructural de la mayoría de las instituciones públicas se refiere a la escasa preparación académica y técnica de muchos funcionarios que están ocupando posiciones de relevancia, por lo que difícilmente podrán llegar a desempeñarse en forma eficiente, pues carecen de dichos atributos lo que por lógica consecuencia tornan complicado que puedan exigir calidad y eficiencia a los mandos medios para abajo.

Hoy tenemos una superpoblación de funcionarios en las instituciones, que "desangran" el mayor porcentaje de los ingresos presupuestarios, pues se deben provisionar para el pago mensual de gastos rígidos (sueldos y salarios), absorbiendo más del 75% de los gastos corrientes del PGN, quedando en contrapartida relegados otros sectores prioritarios para el desarrollo del país como lo son salud, educación e infraestructura por el consecuente desfase en la relación ingresos/egresos.

No estoy en absoluto en contra de los que tienen un puesto de trabajo en la administración pública, pero creo que de una vez por todas debemos priorizar la calidad del nivel académico y técnico de los servidores públicos, que hoy por hoy en la mayoría de las instituciones no están a la altura de su posición y responsabilidad que se les asigna, no permitiendo tener un Estado moderno, acorde al mundo globalizado en que vivimos.

Es hora de que dejemos atrás el famoso clientelismo, prebendarismo, amiguismo y todos los ismos y se haga un relevamiento profesional global del 100% de nuestros funcionarios públicos, pues tengo la cuasi plena seguridad de que muchos de ellos son capaces e idóneos, pero subutilizados en función a su formación académica y técnica, por lo que se precisa hacer una reingeniería para aprovechar los talentos y reubicarlos o darles otro destino a los que no rinden en función a la posición y responsabilidad que les son asignadas.

Nuestro país cuenta con muchísima gente idónea y capaz para ser un verdadero servidor público. Es hora de que se mantenga y se promocione a los que realmente muestran actitud y aptitud para que podamos tener una administración pública moderna con funcionarios honestos, capaces y patriotas. El siglo en que estamos viviendo así lo exige y también toda la ciudadanía que está harta de la ineptitud de muchísimos funcionarios que no aportan casi ningún tipo de valor añadido a sus organizaciones.

Estamos en el siglo de la tecnología y sin embargo qué triste resulta ver que algunas instituciones todavía se manejan en función a registros manuales que ya están a la fecha totalmente desfasados y obsoletos.

Es preferible tener una menor cantidad de funcionarios a nivel país, pero que sean capaces e idóneos en la función que realizan y que se les pague en función a lo que realmente están aportando conforme al perfil del puesto y de la responsabilidad de cada uno.

Así como las entidades financieras vienen reinventándose cada día desde el punto de vista tecnológico, a fin de darles a sus clientes la calidad de atención que se merecen, a través de la implementación de aplicaciones diversas, que permiten a uno desde la comodidad de su casa u oficina, realizar muchas transacciones que antes eran necesario hacerlo "in situ".

Eso mismo también podrán implementar muchos entes del Estado, con lo cual incluso les daría la posibilidad potencial de disminuir esa inmensa superpoblación de funcionarios que "desangran" mes a mes las arcas del fisco en millonarios pagos de sueldos y otros beneficios y destinar "esa ponchada de plata" a otros propósitos que sean de mayor prioridad y necesidad para la ciudadanía.