• Por Óscar Germán Latorre
• Abogado

El reclamo de los campesinos para la condonación de una deuda de G. 38.000 millones ha suscitado efectos secundarios que ameritan algún análisis y consideración. Los campesinos, entre otras cuestiones, reclaman que el Estado condone sus deudas contraídas en entidades públicas y privadas y que afectan a unos 10.000 pequeños productores.

La manifestación tiene ya varios días y en su desarrollo, los manifestantes transitan simultáneamente por varias arterias produciendo un verdadero caos en el tránsito.

Quienes pretendían en estos últimos días llegar a sus lugares de trabajo, cumplir algún compromiso o simplemente regresar a sus casas, tuvieron que esperar por más de 2 horas a que los manifestantes permitieran nuevamente el libre tránsito. Como siempre se ha dicho, nadie puede cercenar los derechos a manifestarse y a peticionar a las autoridades, pero cuando el ejercicio de esos derechos perjudica, cercena o quebranta de algún modo el derecho de los demás ciudadanos, existe un avieso abuso que no puede ser tolerado.

Los representantes del Gobierno ser ratificaron en un categórico no a la condonación pero sí a la refinanciación de las deudas generadas por actividades productivas exclusivamente.

El ministro de Agricultura y Ganadería informó que el año pasado 24.483 productores integraban una lista entregada por la Coordinadora Nacional Intersectorial, de los cuales unos 12.500 tenían cuentas con el Crédito Agrícola de Habilitación (aproximadamente G. 52.000 millones). De esos productores, 3.900 mantenían deudas vencidas por valor de G. 12.000 millones. Se acordó la compra de carteras y refinanciación de las deudas originadas en actividades productivas y hasta un monto inferior a los G. 30.000.000. 12.688 productores fueron beneficiados con la refinanciación de sus deudas hasta 12 años por un total de G. 38.652 millones. También se exoneraron intereses moratorios y punitorios por un valor de G. 38.575 millones y del total de productores que fueron beneficiados y nuevamente sujetos de crédito, 3.420 recibieron nuevos créditos por un monto total de G. 7.000 millones.

Y aquí cabe señalar que esas condonaciones deberán ser soportadas por todos los ciudadanos al pagar sus impuestos. El dinero para adquirir los créditos con deudas vencidas u otorgar esos nuevos créditos no se encuentran en las copas de los árboles, sino que se generan y se solventan con recursos de las instituciones públicas afectadas para el cumplimiento del acuerdo. Otro agregado sería destacar que muchas de esas deudas vencidas cuyos créditos fueron adquiridos por el BNF y el CAH muy difícilmente sean recuperadas y la solución requirió la sanción de una ley de emergencia que modificó las condiciones vigentes y permitió esa adquisición de carteras, la rehabilitación de los deudores morosos y la refinanciación de parte de sus deudas. Evidentemente, se rompió el principio de igualdad porque mientras estos productores eran beneficiados por esas medidas de discutible racionalidad, el resto de los ciudadanos debe seguir cargando con sus propias deudas incluyendo los altos intereses vencidos. Y son estos mismos ciudadanos los llamados a solventar las medidas de auxilio financiero implementadas a favor de los campesinos.

La frutilla de la torta fue puesta por el presidente del BNF al señalar que la compra de carteras vencidas y la posibilidad de rehabilitación de los deudores y de la refinanciación de sus deudas estaban condicionadas al cumplimiento de varias condiciones, incluyendo la de que esas deudas provengan de actividades vinculadas a la producción agrícola. El funcionario también aclaró que de las 2.000 y más carpetas presentadas, solo unas 600 cumplían con los requisitos establecidos y que la mayoría de esas solicitudes provenían de la compra de motocicletas, motocargas, celulares, televisores, a los que podríamos agregar otros muchos artículos que nada tienen que ver precisamente con la producción agrícola.

De todo lo expuesto, tenemos que los trabajadores asuncenos y los del Área Metropolitana venimos sufriendo con las bravuconadas de estos supuestos productores que ejercitan conductas que claramente configuran hechos punibles al tiempo que violan derechos constitucionales de los demás ciudadanos.

No se trata de ser insensibles y desconocer la necesidad de asistencia técnica y financiera que tienen miles de pequeños productores de nuestro país, pero definitivamente no se puede compartir la forma en que ejercitan el derecho de peticionar y manifestarse como también el contenido de esos reclamos. Como ciudadano y contribuyente no me opongo a que mis impuestos sean destinados a la asistencia técnica y financiera de los verdaderos productores y que además, sean refinanciadas sus deudas, siempre que ellas se originen en actividades productivas. Si hoy se condona a un productor porque adquirió una moto, un celular, un televisor o instaló una antena parabólica en su humilde vivienda, ¿por qué no debería ocurrir lo mismo con los ciudadanos que pagan sus impuestos y que se encuentran en las mismas condiciones de morosidad por compra de bienes y servicios en el marco de sus actividades comerciales, industriales o empresariales? La respuesta es una sola: la condonación de deudas es inviable.

La condonación de cualquier deuda legítimamente contraída jamás puede ser la solución para personas que tienen la cultura del no pago, del incumplimiento permanente de sus deudas. La condonación como fórmula de solución se asemeja a un barril sin fondo porque quienes se beneficien con ella y reciben nuevos créditos son los mismos que mañana transitaran otra vez por nuestras calle reclamando la condonación de esas nuevas deudas.

Con la imprudencia de siempre, expongo que mientras los dirigentes se vuelven cada vez más ricos y se mueven en lujosas camionetas, los productores o campesinos a quienes supuestamente representan subsisten en condiciones infrahumanas y este esquema deliberado al que son sometidos, es la herramienta, la sucia estrategia para mantener a esos pequeños productores o campesinos en situación de dependencia en relación a sus dirigentes.

Hay que hablar claramente; hay que dejar el oportunismo político y el populismo barato que están desarrollando algunos políticos que supuestamente apoyan estás manifestaciones y hasta las financian a cara descubierta. Esos políticos son los verdaderos responsables de este caos que estamos sufriendo y también del sufrimiento que lamentablemente muchos de esos manifestantes, sus mujeres y sus niños están soportando por las bajísimas temperaturas de los últimos días.

Por último, ¿cómo es posible que las autoridades encargadas de la protección de los niños y adolescentes sigan permitiendo que los mismos permanezcan expuestos a sufrir el frío y todo tipo de enfermedades respiratorias? Lo que está ocurriendo es una vergüenza y los que está pecando por omisión deben reaccionar y así superaremos esta crisis cargada de mentiras y de inconfesables propósitos. Las leyes están para ser cumplidas y no pueden ser materia de negociación con estamento alguno.